El director general de Planificación, Ordenación y Centros, Antoni Morante, defendió que «la opción del decreto ley está descartada por tres motivos». El primero que apunta Morante es que «el decreto ley lo podría recurrir el Gobierno estatal y el Constitucional lo paralizaría al momento». Además, como «herramienta jurídica en materia educativa sería ir contra los derechos fundamentales». Según Morante, optar por esta vía además, añadiría «incerteza» al inicio de curso.
El Consell de Govern aprobó el viernes el inicio urgente de los trámites para revisar los currículos de la LOMCE y proceder a su derogación. Ahora bien, los procedimientos legales no permitirán empezar el curso con las distribuciones horarias LOMCE suspendidas. Las críticas no se han hecho esperar este fin de semana entre algunos de los docentes que han tildado de «decepcionante» que el Govern no opte por la vía del decreto ley para acabar con algunos aspectos de la Ley Wert.
Antoni Morante defendió también que la situación legal de Balears es mucho más compleja que la que ha permitido a Aragón iniciar los trámites para paralizar la aplicación. «Aquí estamos más atados, ellos no tienen decretos autonómicos como nosotros y solo han suspendido las ordenes», explica.
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