Los ‘síndics’ Jaume Ribas, Bernat Salvà y Pere Antoni Mas, en una reciente comparecencia parlamentaria. | P. Bota

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El PSIB sopesa la conveniencia de entregar a la Fiscalía Anticorrupción el informe de la Sindicatura de Comptes que estudia las cuentas de 2012, el primer año del PP en el Govern.

El PSIB descartó esta opción cuando se presentó el informe, en verano, pero ahora ha retomado la idea después de que el PP haya hecho lo propio con el informe que fiscaliza la gestión de Aina Calvo en el año 2009.

Los socialistas aseguran que el informe relativo a la gestión de Bauzá es mucho más duro que el relativo a Calvo. La Sindicatura de Comptes apunta a «vulneración sistemática» de la Ley de Contratación, tanto en la relativo a contratos de personal como contratos de servicios.

El documento añade que hubo repetidas adquisiciones de material sin concurso previo y operaciones sin reserva de crédito por valor de más de 200 millones de euros, lo que se conoce como 'facturas en los cajones'.

Los socialistas se mostraban reacciones hasta ahora a presentar este informe en la Fiscalía porque creen que no se debe «judicializar» la vida política, en palabras del portavoz adjunto del PSIB, Vicenç Thomàs. «No nos gusta está dinámica de acudir por sistema a los tribunales, pero a la vista de cómo actúa el PP lo estamos valorando», dijo.

El informe que ha destapado la guerra es que elaboró la Sindicatura de Comptes dentro de su labor de fiscalización. El síndic major, Pere Antoni Mas, aseguró este martes que no observaron delito «con los datos de que disponemos» y señaló que, de haberlo apreciado, lo habrían denunciado a la Fiscalía.