La sección segunda de la Audiencia ha dictado una diligencia que suspende la tramitación de los recursos hasta que se resuelva la recusación de los magistrados Diego Gómez-Reino y Mónica de la Serna, solicitada por el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en esta causa y que cuestiona su imparcialidad.
Además, la sección segunda ha dado traslado al presidente de la Audiencia, Carlos Gómez, de los informes presentados por los dos magistrados oponiéndose a su recusación, así como de los planteados en días anteriores por la Fiscalía Anticorrupción, la defensa de la infanta Cristina, la Abogacía del Estado y la representación procesal del asesor fiscal Salvador Trinxet, en ese mismo sentido.
El presidente designará un ponente del incidente de recusación entre los magistrados de la Audiencia de Palma, que a su vez elevará su propuesta sobre esta cuestión a una sala del Tribunal Superior de Justicia de Balears que tomará una decisión definitiva al respecto, ha informado el TSJIB.
Según establece el artículo 77 de la ley orgánica, la sala que decidirá sobre la recusación la formarán el presidente del tribunal, los presidentes de sala y el magistrado más reciente de cada una de las salas.
Manos Limpias pidió la semana pasada la recusación de Gómez-Reino y De la Serna, justificándola en que pesa una «gran sombra sospecha objetiva de parcialidad» sobre esos dos jueces, tras el auto que dictaron (junto a un tercer magistrado, Juan Jiménez) en mayo de 2013 que suspendió la imputación de doña Cristina.
Dicho auto apuntó nuevas líneas de investigación sobre presuntos delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo por parte de la duquesa de Palma, que son los que le ha imputado el juez instructor José Castro al finalizar la instrucción.
El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach pidió que la recusación no se admitiera a trámite por no cumplir los requisitos legales al no estar argumentada, y además la rechazó por considerarla «falaz», «aparente» y un «abuso de derecho y fraude legal».
Este miércoles plantearon también escritos oponiéndose tanto la defensa de la infanta Cristina como la Abogacía del Estado que representa a Hacienda en el caso Nóos, además de la defensa del asesor fiscal Salvador Trinxet, exonerado por el juez en el auto con el que cerró la instrucción del caso Nóos.
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