El acusador público ha presentado un escrito ante la sección segunda de la Audiencia de Palma en el que solicita que se rechace y que no se admita a trámite la petición de recusación de Manos Limpias contra los magistrados Diego Gómez Reino y Mónica de la Serna.
La solicitud de recusación planteada por Manos Limpias la semana pasada se basaba en una «gran sombra sospecha objetiva de parcialidad» hacia esos dos jueces, tras el auto que dictaron (junto a un tercer magistrado, Juan Jiménez), en mayo de 2013 que suspendió la imputación de doña Cristina y apuntó nuevas líneas de investigación sobre presuntos delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo por parte de la duquesa de Palma.
Horrach considera que la recusación no debe ser admitida a trámite porque no cumple los requisitos que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, como que debe ser propuesta cuando se tenga conocimiento de la causa en que se funda y debe ser argumentada.
El fiscal critica la falta de motivación de la solicitud porque no aporta indicios objetivos de la supuesta parcialidad de los dos jueces cuestionados, más allá de insinuaciones y sospechas.
Además, rechaza la solicitud porque entiende que busca crear un clima mediático adecuado a los intereses de Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en esta causa, e interferir en una decisión judicial.
El fiscal considera incongruente que Manos Limpias dirija la solicitud de recusación solo hacia los dos magistrados que tomaron una decisión contraria a sus intereses en mayo de 2013, y únicamente con relación al recurso presentado por la defensa de la infanta Cristina pidiendo su exoneración.
Horrach indica que si no fuera por dicho auto, la infanta no estaría imputada y añade que Manos Limpias ha utilizado esa decisión del tribunal para alentar que continuara la instrucción, solicitando numerosas diligencias de prueba, por lo que el sindicato usa el auto en función de sus intereses.
El fiscal argumenta además que, al apelar a las apariencias en la solicitud de recusación, la acusación popular está diciendo que la Justicia tiene que sentar a la infanta en el banquillo, con independencia de si hay indicios o no.
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