Un total de 44 estudiantes serán juzgados entre el miércoles y el viernes de la próxima semana por ocupar la Conselleria de Educación, el 22 de mayo del pasado año, para protestar contra los recortes del Govern en materia educativa. En concreto, la Fiscalía solicita para siete de ellos un año y medio de prisión y seis meses para el resto.
En concreto, el Ministerio Público atribuye a todos los inculpados un delito de desórdenes públicos mientras que a los siete para quienes pide una pena mayor les acusa además de un delito de lesiones. El Juzgado de lo Penal número 1 de Palma será el encargado de juzgarles.
Según postula la acusación, los estudiantes, junto al menos seis menores de edad, se congregaron ante la Conselleria tras ser convocados por la Asamblea de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y «sin que nadie hubiese comunicado a la autoridad gubernativa la existencia de dicha convocatoria», tras lo cual accedieron, según el escrito, a la terraza del edificio para colgar una pancarta que rezaba 'Educació retallada, Conselleria ocupada'.
Posteriormente, relata la Fiscalía, los acusados, la mayoría de los cuales defendidos en la causa por el abogado Josep de Luis, entraron a las dependencias de la Conselleria, a los departamentos de nóminas, informática, servicio de educación primaria y secundaria, archivo e incompatibilidades, para después subir hasta la cuarta planta del edificio donde se hallaba el despacho del entonces conseller, Rafael Bosch.
No obstante, según defendieron algunos de los estudiantes denunciados ante el juez, estuvieron en diversas dependencias de la Conselleria puesto que «nadie nos impidió el paso ni nos dijo que allí no se podía estar». Es más, una de ellas aseguró que los propios funcionarios «nos animaban a subir a la cuarta planta». «Entramos en el despacho del conseller, yo sabía que lo era, y tras ello algunos funcionarios nos impidieron salir, estando uno de ellos delante de la puerta» con ese fin, según recalcó la encausada.
Por su parte, otra imputada recalcó que cuando accedieron al despacho había dos personas, «un chico y una señora que empezaron a empujarnos», en alusión a Ana María Rodríguez, jefa de gabinete de Boch. De pronto, apuntó, «vi cómo se caía la mujer sin que nadie la empujara y cuando se levantó empezó a dar manotazos con rabia», ante lo cual «empezamos a decir el no a la violencia». De hecho, la inculpada relató que, después de que algunos estudiantes la ayudaran a levantarse, «se dirigió a un alumno y le pegó una colleja».
Sin embargo, la Fiscalía señala que, cuando se congregaron ante el despacho, Rodríguez y la secretaria del conseller entraron para cerrarlo con llave e impedir que entraran los alumnos. Según añade la acusación, siete de los estudiantes «zarandearon y agarraron con fuerza» a la jefa de gabinete, causándole diversas lesiones, mientras que, a continuación, se sentaron en el suelo mientras uno de ellos leía un texto de protesta y otro tocaba un violín, permaneciendo en el lugar hasta que fueron desalojados por la Policía.
Un estudiante denunció a la jefa de gabinete de Bosch
Se da la circunstancia de que uno de los estudiantes llegó a interponer una denuncia contra la jefa de gabinete de Boch a raíz del golpe en la cabeza que supuestamente le propinó durante el acto de protesta. En su denuncia, el afectado aseveraba que las tres personas que en ese momento se encontraban en la Conselleria, entre ellas la denunciada, querían encerrarle a él y a sus compañeros, tras lo cual «hubo una serie de empujones para intentar salir y esas tres personas no lo permitían».
Tal y como relataba en el escrito, un compañero de la jefa de gabinete, en ese forcejeo, tiró al suelo a Rodríguez de forma accidental, y cuando ésta se levantó del suelo se dirigió hacia el estudiante y le pegó un golpe en la cabeza, «tipo colleja contundente».
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