Durante la sesión en la que también se ha rechazado las enmiendas de la oposición, el conseller de Hacienda y Presupuestos, José Vicente Marí, ha hecho hincapié en que «es la primera vez que la financiación de los Consells se elabora de acuerdo» con las cuatro instituciones insulares. Además, ha remarcado que se definen de manera objetiva y transparente las variables de reparto de los recursos.
«El Govern plantea una alternativa viable y solvente a la financiación de los Consells» y, con ello, según Marí, se da «un paso importante en favor de su autonomía sobre la base de que todos somos comunidad autónoma», ha manifestado el conseller.
No obstante, la oposición, que ha votado en contra de la ley, ha criticado «el no del PP a cualquiera mejora efectiva de la financiación» y ha asegurado que «el Govern consolidará unos recortes de cerca de 40 millones de euros cada año a los Consells».
«Los Consells perderán 40 millones cada año», ha reiterado el socialista Marc Pons, quien también ha destacado que «no sólo se reducen las aportaciones a los Consells, sino que también «se cambian las fórmulas de reparto» de manera que todas las instituciones insulaes «pierden, pero algunas aún pierden más».
Mientras, el diputado de MÉS Nel Martí ha defendido las enmiendas de su grupo dirigidas a introducir «mecanismos de redistribución de recursos» para dar mayor peso a variables como son los costes fijos y la doble insularidad; y la diputada no adscrita Margalida Font ha reprochado que la norma no cuente con el apoyo de todos los partidos, lo que «hace que su continuidad en el tiempo tenga una fecha de caducidad».
"Mejora clara de la financiación"
El diputado del PP Antoni Camps ha remarcado que el texto «supone una mejora clarísima a la financiación de los Consells» ya que supone un incremento de 39,5 millones de euros. Asimismo, «da respuesta a los déficits estructurales de la financiación de los Consells», da mayor «autonomía financiera» y supone «una mejora sustancial a la ley de 2002».
Además, ha explicado que las enmiendas aceptadas por el PP recogen una rebaja de cuatro a dos años de la actualización variable y versan sobre el centro de El Lazareto o el convenio de dependencia.
El resto de enmiendas de la oposición, ha dicho, contemplaban «una variación de los criterios de reparto o un incremento de los fondos destinados» o representaban «sumar cuestiones que no son propias de esta ley».
Por otro lado, Camps ha acusado al PSIB de ir hacia una «deriva peligrosa», se haya «tirado en brazos de la extrema izquierda» y haya «huído de la centralidad política y de espacios de moderación».
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