El juez Castro pidió mediante una providencia el 5 de mayo a Hacienda que aclarase varios aspectos sobre esta cuestión, después de que la defensa de Urdangarin presentara un escrito de alegaciones el 22 de abril en el que negaba que el duque de Palma hubiera cometido delito fiscal.
Hacienda reitera en su respuesta la posición que ya manifestó en informes anteriores de que Urdangarin utilizó Aizoon para cobrar por los trabajos que hizo para varias empresas, han informado fuentes jurídicas.
La defensa de Urdangarin negó el fraude fiscal y añadió que, aun aceptando las tesis de Agencia Tributaria, la cuantía presuntamente defraudada no alcanzaría los 120.000 euros que determinan la existencia de un delito penal contra la Hacienda Pública ni en 2007 ni en 2008.
En el escrito que presentó al juez, el abogado de Urdangarin rechazaba la hipótesis formulada por la Agencia Tributaria en un informe de enero de 2013 según la cual el duque de Palma utilizó Aizoon, empresa compartida al 50 % con la infanta Cristina, como sociedad interpuesta para percibir rentas derivadas de su propia actividad personal.
Según Hacienda, al no tributar esos ingresos como IRPF, Urdangarin se benefició del tipo impositivo más reducido del impuesto de sociedades, así como de la deducción de gastos personales. Además, amortizó el impuesto de sociedades de Aizoon sin derecho alguno por su inactividad.
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