Sanidad entregará más de 263.000 euros a Balears para luchar contra las drogas

En la reunión de la Conferencia Sectorial, donde están representadas la Administración Central (a través de los ministerios de Presidencia, Interior, Empleo, Educación, Cultura y Deporte, Economía y Competitividad, Hacienda y Administraciones Públicas, Asuntos Exteriores y Cooperación, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) y las comunidades autónomas, se han ratificado los criterios de distribución de los créditos a las comunidades autónomas, correspondientes al presupuesto para 2014 de la Delegación del Gobierno para el PNSD.

Estos créditos, consignados en los Presupuestos Generales del Estado, ascienden a 9.519.400 euros que se transfieren directamente a las comunidades autónomas y se destinan a planes autonómicos de lucha contra las drogas, excepto Navarra y País Vasco, que no reciben transferencias de los Presupuestos Generales del Estado debido a su régimen foral, pero sí del Fondo de Bienes Decomisados.

Así, la mayor partida la recibirá Andalucía, con 1.507.144.26 euros, seguida de Madrid (1.463.296,72), Cataluña (1.420.379,83), Comunidad Valenciana (827.514,67), Castilla y León (715.671,05), Galicia (576.975,93), Canarias (453.018,47), Castilla-La Mancha (436.948,79), Aragón (371.877,42), Asturias (367.468,53), Murcia (329.158,35), Extremadura (324.931,51), Balears (263.596,85), Cantabria (208.292,12), La Rioja (124.811,10), Ceuta (68.049,80) y Melilla (60.264,60).

Asimismo, ha estudiado la forma de homogeneizar la legislación sobre los centros de atención a drogodependientes, de acuerdo al proyecto de Unidad de Mercado 2014.

El programa de Unidad de Mercado incluye la aprobación de una Ley y un plan de racionalización normativa que tiene como objetivo eliminar dentro del Estado español trabas innecesarias para el libre desarrollo de actividades económicas.

Este proyecto, explica Sanidad, se basa en principios básicos como el principio de eficacia nacional, el de cooperación y el de confianza mutua, respetando plenamente las competencias de las Comunidades Autónomas. La Constitucionalidad de este proyecto ha sido respaldada por el Consejo y la Abogacía General del Estado.

Según ha explicado el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín, existe ya un grupo de trabajo en el que participan representantes de las Comunidades Autónomas que estudia la incidencia de esta Ley sobre la normativa vigente en materia de centros o de actividades de asistencia a drogodependientes.

Por otra parte, a petición de Cataluña, se ha analizado la situación de los clubes y asociaciones cannábicas y en este sentido la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha recordado son los jueces quiénes determinar si la actividad de una asociación o de los gestores de un club constituye o no un delito, si bien su inscripción en el registro no implica aceptar legalmente los actos que realice, y ha añadido que el Código Penal tipifica como delito la siembra, recolección, transporte y venta de cannabis, y que su cultivo para su distribución y venta a los ciudadanos es ilegal.

En cualquier caso, ha puntualizado que corresponde a la Fiscalía Especial Antidroga investigar si las actividades de una asociación constituyen un delito contra la salud pública y en tal caso, presentar cargos.