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Los agentes de policía que investigan la grabación y difusión de imágenes de la comparecencia como imputada de la infanta Cristina tomaron declaración ayer a los funcionarios presentes para recrear la disposición de la sala y tratar de precisar quién pudo hacer el vídeo pese a la prohibición del juez.

Fuentes de la investigación aseguraron que confían en que en pocos días se pueda citar a declarar a los principales sospechosos, aunque precisaron que para ello aún se tienen que practicar algunas diligencias, como una prueba pericial sobre la alteración de las imágenes subidas a la plataforma de Internet Wouzee.

Cuatro agentes de policía permanecieron durante dos horas en los juzgados de Palma para volver a revisar la sala de vistas en que declaró doña Cristina y recabar el testimonio de la decena de funcionarios del juzgado de José Castro que asistieron a la comparecencia, con quienes recrearon la ubicación de todos los presentes en la sala.

Esta investigación corre a cargo de juez de instrucción número 11 de Palma, Manuel Penalva, que anteayer ordenó tomar declaración a varios letrados que asistieron a la comparecencia de la infanta y requirió a la empresa Wouzee que aportara los datos que tuviera de quién subió el vídeo a Internet.

Los investigadores ya disponen de la dirección IP del dispositivo a través del cual se colgó en la red el vídeo, así como del correo electrónico desde el que se dio de alta en la plataforma virtual el usuario «infanta», que es como se identificó quien difundió la grabación.

No obstante, temen que será difícil que estos datos les lleven directamente al autor de la publicación, puesto que resulta muy sencillo enmascarar una dirección IP o subir un vídeo a la red desde un ordenador de uso público.

Las mismas fuentes confirmaron que se mantienen las sospechas sobre dos letrados que asistieron a la declaración del día 8 en sustitución de otro abogado y que nunca antes había tomado parte en actuaciones del caso Nóos.

Sin embargo, eludieron señalarlos directamente y e insistieron en que las pesquisas seguirán su curso hasta que se acote al máximo la ubicación de la persona o personas que tomaron imágenes de la declaración de la infanta con un dispositivo electrónico oculto.

Si los datos preliminares se confirman, los abogados sospechosos serían los últimos en ser citados a declarar.