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La Guardia Civil ha iniciado este lunes en Balears los primeros interrogatorios a los controladores que abandonaron su puesto de trabajo los pasados días 3 y 4 y que habrían incurrido en un delito de sedición, previsto y penado en el artículo 20 de la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea de 1964.

Fuentes de la Fiscalía de Balears han precisado que cuando el Ministerio Público incoó diligencias penales de investigación, se comisionó al Instituto Armado para indagar los hechos y tomar las primeras declaraciones, para después instruir el correspondiente atestado. Tras ello, la Fiscalía interrogará a los controladores cuya declaración en sede de la Guardia Civil deseen precisar, y una vez finalicen las diligencias, se decidirá si éstas son finalmente archivadas o si se judicializan para que los hechos puedan ser instruidos por un juez según lo dispuesto en el artículo 773-2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a fin de determinar si las bajas masivas registradas en los aeropuertos de las Islas son constitutivas de un delito de sedición. Por ello, dado que el Instituto Armado es el encargado de investigar los hechos y recibir las primeras declaraciones, la Fiscalía de Balears no intercederá hasta que no finalice el atestado.

En una nota de prensa, la Fiscalía destacó el "esfuerzo" que está haciendo la Guardia Civil para el esclarecimiento de los hechos, que califica de "muy complejos", y señaló que el pasado miércoles recibió la primera parte de las diligencias de parte de la Guardia Civil. "Una vez que se haya remitido el atestado completo y se haya estudiado se acordará lo procedente", manifestó la Fiscalía. Cabe recordar que el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, advirtió la pasada semana de que si se demuestra la comisión del delito, el Ministerio Público podría pedir penas de hasta ocho años de cárcel para los controladores.

Por otra parte, el ministro de Fomento, José Blanco, comparecerá hoy a petición propia en el Congreso de los Diputados para informar de las decisiones que se han tomado a lo largo del último año en relación a los controladores de tránsito aéreo, cuyo 'plante' el pasado día 3 d provocó el cierre del espacio aéreo y la declaración del estado de alarma.