El endurecimiento de la Ley de medidas contra el tabaquismo provocará una caída de las ventas de bares, restaurantes y cafeterías de hasta un 10%, lo que supone un impacto superior a los 7.000 millones de euros en el conjunto del sector, y una pérdida de empleo de entre el 3% y el 3,5%, en torno a 50.000 puestos de trabajo.
Así lo indicó hoy el director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Juan Iranzo, durante la presentación del informe 'Los efectos económicos en el sector de la hostelería de la nueva Ley antitabaco en España', junto con el adjunto a la presidencia de la Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR), Juan Luis Guerra.
El estudio apunta que la tendencia en otros países es de retroceder o flexibilizar las prohibiciones, como en Eslovenia, Países Bajos o Bélgica, al tiempo que indica que los "excepcionales" casos de países que han instaurado una normativa prohibicionista, como Irlanda o Reino Unido, constituyen una "evidencia empírica de los efectos perniciosos sobre las ventas, la actividad y el empleo" en los establecimientos de hostelería.
Iranzo calificó de "inadecuado" el proyecto de Ley que entrará en vigor el próximo año, sobre todo en el actual contexto de crisis y de destrucción de empleo, al entender que "no es el momento de poner trabas".
En este sentido, tras señalar que la hostelería genera en torno al 7% del PIB y emplea a 1,5 millones de trabajadores, advirtió de que se trata de un sector "muy perjudicado" por la crisis, con un descenso de las ventas del 13,4% desde 2008 y una destrucción de actividad y empleo del 4,5% y el 2%, respectivamente.
El director del IEE consideró "absurdo" prohibir fumar en establecimientos hosteleros y espacios de esparcimiento y defendió que existen "mecanismos" para compatibilizar los derechos de los fumadores con los de los no fumadores.
"Se debe actuar sobre la demanda, pero no prohibiendo, sino informando", señaló, antes de destacar que el informe del Instituto aboga por una subida de la fiscalidad como la aprobada la semana pasada como "mecanismo de desincentivación".
El director del IEE y Juan Luis Guerra coincidieron al hacer hincapié en que "no es cierto" que se haya implantado esta prohibición en todos los países de la Unión Europea y en defender que sólo se ha hecho en Irlanda, Reino Unido y Chipre.
Se trata un "prohibicionismo radical y excepcional", censuró Guerra, quien hizo referencia al caso griego, donde los hosteleros "se vieron arruinados" y prefirieron "de forma masiva" arriesgarse a afrontar las posibles sanciones. Preguntado acerca de la posible reacción en España, no descartó que haya hosteleros con tal "desesperación" que respondan de igual modo, pero abogó por cumplir la Ley.
El Gobierno "se cuida" de no mermar sus ingresos
El portavoz de la FEHR reprochó que el Gobierno se haya "cuidado muy bien" de que los ingresos fiscales no se vean mermados por la modificación de la Ley, con la subida fiscal y con la ampliación de los puntos de venta a establecimientos en los que está prohibido en la actual normativa. "La economía es importante cuando importa a Hacienda, no cuando importa a un sector de 350.000 pymes", lamentó.
Guerra insistió en la propuesta de la patronal del sector para crear zonas reducidas para fumadores en los establecimientos hosteleros a los que no accedan camareros ni menores y dejen al menos un 70% de espacios sin humo para los no fumadores.
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