El Govern balear prevé reducir en unos 120 millones de euros el gasto público –unos 100 millones mediante la reorganización y racionalización del sector y unos 20 o 30 a través de la supresión de las inversiones no comprometidas– como una de las principales medidas dirigidas a disminuir el déficit de las Islas, lo que se sumaría al recorte de 220 millones que ya se efectuó dentro de los presupuestos autonómicos de 2010.
Se trata de una de las cuestiones dadas a conocer en las reuniones mantenidas a lo largo de ayer en el Consolat de Mar entre el presidente del Govern, Francesc Antich, los consellers de su gabinete, representantes de las patronales CAEB y PIMEM, y de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CCOO), a quienes transmitió que el Ejecutivo estudia además la posibilidad de gravar al alza el Impuesto de Sucesiones e incrementar también el de Transmisiones Patrimoniales para las rentas más altas a partir de 2011.
El presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Josep Oliver, detalló las medidas tratadas en su encuentro con Antich y los consellers de Economía, Carles Manera, y Presidencia, Albert Moragues. Durante el acto le comunicaron asimismo que se contemplan modificaciones en el tramo autonómico del IRPF y la supresión de las inversiones no comprometidas, mientras que se mantendrán las inversiones productivas y las previstas para 2010.
De este modo, el Ejecutivo crearía una serie de franjas para el Impuesto de Sucesiones con el fin de hacerlo progresivo y gravar más a quienes tengan una mayor base liquidable.
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