El magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Antonio Capó, decretó hoy una fianza de responsabilidad civil de 2.940.380 euros para el ex-conseller de Comercio en la pasada legislatura, Josep Juan Cardona, lo que supone una rebaja de 1,9 millones de euros respecto a los 4,8 millones que solicitaron el pasado 21 de abril los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, así como la acusación particular en nombre del Govern.
Así lo informaron a Europa Press fuentes judiciales, que señalaron que Cardona tiene un plazo de 24 horas hábiles para pagar la caución, es decir, hasta el lunes a las 14.00 horas, al tiempo que indicaron que el auto del magistrado establece que se decretará el embargo de bienes suficientes para cubrir la fianza, en caso de que el ex-conseller no la abonase.
Por su parte, Cardona tiene un plazo de tres días para interponer un recurso de reforma y apelación contra el auto judicial, mientras que también tiene cinco días para presentar un recurso de apelación. Así, el recurso de apelación podrá interponerse subsidiariamente con el de reforma o por separado y en ningún caso será necesario interponer previamente el de reforma para presentar la apelación, tal como establece el artículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El juez decretó la citada fianza de 2,9 millones de euros por los posibles daños económicos derivados de la supuesta implicación de Cardona en los hechos investigados en el marco del caso Scala, que investiga la presunta trama de corrupción urdida la pasada legislatura en torno al Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB).
Esta decisión podría provocar la suspensión temporal de militancia de Cardona en el PP, teniendo en cuenta que el presidente de esta formación, José Ramón Bauzá, ha optado por suspender temporalmente de militancia a aquéllas personas contra las que se decreten medidas cautelares, algo que ya ha afectado a los 'populares' imputados en la Operación Bomsai, Jorge Sainz de Baranda y Joan Pol, tras decretar la juez contra ellos prisión provisional eludible mediante fianzas de 50.000 y 30.000 euros, respectivamente. Lo mismo sucedió con el ex director gerente de la empresa pública CAIB Patrimoni, Jaume Vidal, imputado en la Operación Bomsai.
Mientras, otros 'populares' como el regidor del Ayuntamiento de Palma, Rafael Duran, o el ex conseller de Economía y Hacienda del Govern de Jaume Matas, Lluís Ramis de Ayreflor, solicitaron darse de baja voluntaria en la formación atendiendo a este nuevo criterio de la cúpula del partido.
Interrogatorio durante más de tres horas
Cabe recordar que la petición de la Fiscalía se produjo después de que el parlamentario del PP fuese interrogado durante más de tres horas, en calidad de imputado, durante el pasado 21 de abril, en el marco del caso Scala.
Durante su declaración, aseguró no tener ninguna vinculación con sociedades que en la pasada legislatura resultaron adjudicatarias de diversos contratos por parte del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), a través del cual se desviaron presuntamente unos cinco millones de euros.
Entonces ni la Fiscalía ni la acusación particular solicitaron contra Cardona medidas cautelares como prisión bajo fianza, ni tampoco la retirada de pasaporte o la prohibición de abandonar el territorio nacional.
La declaración de Cardona tuvo lugar después de que la máxima instancia judicial de las islas asumiese el pasado mes de enero las competencias para instruir el caso y solicitase el complejo sumario a la titular del Juzgado de Instrucción número 4, Piedad Marín, hasta entonces encargada de la causa. La jueza, en una extensa exposición razonada elevada al TSJIB, fundamentaba su petición en la condición de aforado de Cardona y en la existencia de "numerosos datos incriminatorios" contra el imputado, para quien podrían decretarse medidas cautelares en caso de que así lo solicite la Fiscalía.
Precisamente, el ex conseller de Comercio, Industria y Energía, asistido por el letrado Josep Zaforteza, fue citado a declarar el pasado 23 de septiembre por Marín aunque pidió no comparecer al alegar que por el fuero que pesa sobre él su interrogatorio debía tener lugar ante el TSJIB. Hasta ese momento, Cardona ya había prestado declaración en dos ocasiones ante el Juzgado por ser órgano competente para encargarse de las primeras diligencias.
En concreto, en el marco de esta causa se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas, falsificación documental, cohecho y fraude a la Administración, que habrían sido cometidos a través de la presunta trama dirigida por la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, para beneficiar a empresas de personas allegadas y que habría supuesto el desvío de unos cinco millones de euros públicos.
Sobre ello, en la exposición que Marín trasladó al TSJIB, a la que tuvo acceso Europa Press, la magistrada determinaba que durante la pasada legislatura, Cardona -entonces conseller de Comercio-, el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y Ordinas se apoderaron de parte de los fondos de este consorcio público "puestos de común acuerdo y guiados por el ánimo de lucro".
La jueza postulaba que la vía utilizada para desviar los caudales públicos fue la adjudicación de contratos directamente "sin observancia alguna de las normas del procedimiento" a sociedades en las que Cardona, Viaene y Ordinas tenían participación así como a personas próximas, quienes para ello les pagaban un porcentaje o comisión. Unas actuaciones que se produjeron bajo el papel "dominante" de Cardona en el funcionamiento y actividad del CDEIB, según Marín.
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