Antoni M. Fuster05/07/24 8:16
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El Ministerio de Sanidad, como paso previo a la tramitación de una nueva ley, ha lanzado una consulta pública. Se trata de la ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. Fija su objetivo principal en dejar sin efecto la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas fórmulas de gestión del Sistema Nacional de Salud. Resumidamente, la Ley 15/1997 posibilita la gestión indirecta de la actividad sanitaria mediante cualquier entidad admitida a Derecho, también da luz verde a acuerdos o convenios con personas o entidades públicas o privadas. En palabras de la propia ministra enunciadas previamente al I Foro de salud pública: Una Sanidad a Futuro, organizado por FUINSA, manifiesta que las fórmulas de la ley 15/1997 «han deteriorado la sanidad». También decía que se ha demostrado que, las nuevas formas de gestión no han supuesto mejoras en la sanidad «sino mejoras en los beneficios obscenos de algunas empresas», resaltando ese recurrido lema de «la sanidad no se vende, la sanidad se defiende».

No descubro ni aporto valor al debate al decir que, estamos ante un escenario sobre distintas formas de entender sobre qué instrumentos son más óptimos para prestar la atención sanitaria en nuestro país. La postura del Ministerio, de acuerdo a una determinada formación política, es muy clara: gestionar la demanda sanitaria pública exclusivamente con medios y recursos propios. Pero verdaderamente lo que no me gusta y me irrita, no ya como persona implicada profesionalmente en la gestión de la sanidad sino como ciudadano, es que, para argumentar su posicionamiento se recurra a la posverdad; dando protagonismo al discurso fácil, superficial y emocional y no al uso del rigor y de la evidencia.

El Ministerio argumenta que con esta ley ganará en capacidad de control en la gestión, vencerá la incapacidad de revertir decisiones de gobiernos anteriores y ganará también en transparencia sobre los pagos, además introducirá medidas contra el fraude.

No puedo estar más en acuerdo con los principios anteriormente expuestos, pero concibo también que, para prestar un servicio de calidad, la Administración debe aprovechar todos los recursos a su alcance, sean públicos o privados. No pongo tampoco en duda que podríamos encontrar algún ejemplo de operador incumplidor con los compromisos adquiridos con la Administración, aunque creo que son muchísimos más los que actúan con honradez. Ante los infractores, la Administración cuenta con instrumentos de carácter jurídico y medios para «defenderse» y es preciso que responda con firmeza. Por tanto, en mi opinión, no existe tal necesidad de reducir la participación del sector privado argumentando que la gestión a través de éstos deteriora la sanidad o que las empresas obtienen beneficios obscenos. Pero, sobre todo, no es de recibo enarbolar posverdades en lugar de sostener un posicionamiento con rigor y evidencia demostrada.