Iniciamos nuevo año y nueva legislatura. En sede parlamentaria, hace escasamente un mes, la nueva titular del Ministerio de Sanidad anuncia cuáles serán las líneas maestras y objetivos que marcarán su labor ejecutiva.
Una de las más importantes desde la perspectiva de la gestión y que puede tener muchas implicaciones sobre el sistema sanitario, es limitar la gestión indirecta. Ésta se llevará a cabo mediante la modificación y derogación de leyes estatales, así como la aparición de nuevas. Por lo expresado, con toda seguridad, se relega a la mínima expresión este modelo. La gestión indirecta, es la fórmula que permite la concertación y/o contratación de entidades privadas para prestar servicios médicos que la Administración Sanitaria tiene el deber de cubrir.
La concertación de servicios en España representa el 10,20% del gasto público global. Un total de 9.227 millones destinados a esta función según se desprende del último informe de la Fundación IDIS «Sanidad Privada aportando valor 2023». ¿Por qué los servicios de salud de las distintas comunidades acuden a esta fórmula? La pregunta es de respuesta rápida: por no contar con los medios suficientes para abordar la demanda actual de servicios que requiere su población y que es creciente. En términos de accesibilidad, basta observar la foto fija de la situación estatal sobre listas de espera para llegar a la conclusión de que el sistema público, aun contando hoy con la utilización de la gestión indirecta, no goza de buena salud. Las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad arrojan una cantidad de más de 800.000 ciudadanos que se encuentran en espera, pendientes de una intervención quirúrgica. La media de espera para una intervención quirúrgica es de 112 días, mientras que para la atención especializada, la media es de 87 días.
En términos cuantitativos estos más de 9.000 millones representan un importante volumen de actividad, así aproximadamente el 80% son utilizados para la mejora en los tiempos de respuesta de pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas; también para cuidados de larga estancia, salud mental, rehabilitación o, por ejemplo, para terapias respiratorias, entre otros servicios. En términos cualitativos representan un impacto directo sobre la accesibilidad al sistema, y por tanto influyen sobre la mejora de la salud de la población, no sólo en términos subjetivos de percepción sino también en mejora real de la misma.
Puedo afirmar, aplicando un símil meteorológico, que se vislumbra tormenta. La gestión indirecta entra en un período tormentoso. A la espera también, de la reacción de las distintas comunidades, que serán las verdaderas protagonistas y tendrán algo que decir al respecto -las competencias en atención sanitaria están transferidas-. No obstante, aunque se vislumbre tormenta, no alcanzo a intuir cual será la intensidad y su impacto sobre el sistema de salud entendido como el conjunto de recursos destinados a proteger la salud, tanto los que hacen uso de la pública como de la privada. Esta acción de gobierno que aboga por la prestación de servicios con recursos propios y pretende prescindir de la colaboración privada, no cabe duda de que se verá condicionada por los importantes problemas que afectan al sistema de salud como la escasez de profesionales, el envejecimiento de la población, introducción de nuevos tratamientos, etc. Si en verdad se quiere mejorar, confiemos en que triunfe el empirismo frente al pensamiento ideológico.
