Esteve Bardolet07/03/22 11:57
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En espera de su tramitación parlamentaria, el texto del Decreto Ley de Circularidad y Sostenibilidad Turística de Balears (11/2/22) ya se puede valorar que no se trata de crear un nuevo modelo turístico sino de mejorar la calidad de la actual oferta alojativa (hostelería y vivienda turística) con modernos criterios ecologistas y con la fijación de un límite cuantitativo de plazas de cuatro años. Son evidentes las influencias del PIAT (Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos de Mallorca 2020) y del proceso descentralizador la política turística balear en los consells insulars, con la cautela que supone su complejidad política y legislativa. Al regular el turismo es muy importante resaltar que esta actividad tiene una doble faceta que conforma su logística y su marketing: la privada, básicamente la alojativa, que usa territorio y otros servicios privados; y la pública, que provee los servicios públicos del entorno donde se ubica el activo turístico. Es pues notable la dificultad de legislar sobre esta singular actividad, tan variable en el transcurso del año y de los años, donde el cliente o consumidor es durante unos días un ciudadano más de nuestras islas.

Cualquier modelo económico del turismo se basa en varios factores, p. e.: geográfico, climático, demográfico, cultural y político. Dentro del geográfico, la condición de archipiélago de Balears encarece la logística y limita su expansión. Dentro del climático, la estacionalidad mensual condiciona el ritmo de la actividad turística de «sol y playa». Dentro del demográfico y cultural, se ha pasado del turista alejado de núcleos urbanos a una nueva y compleja relación de vecindad urbanita, favorecida por los rent a car y viviendas turísticas. Dentro del político, han existido contrastes empresariales (p.e. bolsa de plazas) y sindicales (p.e.camareras de piso), así como presiones ecologistas en defensa de recursos naturales y del paisaje. En Balears se han redactado con cierto retraso planes de ordenación territorial y turística, y algunos fijando límites o moratorias de protección urbanística (tanto urbana como rústica), siempre muy discutibles. Este retraso también ha sido ocasionado por desfases entre organismos insulares y por deficiente coordinación de criterios entre consells y ayuntamientos.

Las estrategias novedosas que han aparecido desde la pandemia y que recoge la nuevo decreto ley son sugerentes: circularidad, sostenibilidad (socioeconómica, medioambiental y territorial), así como modernización y simplificación administrativa. Ello se alinea con otras estrategias ya asumidas para la oferta alojativa: diversificación, transición verde, cooperación pública-privada y más calidad-menos cantidad, aunque se aplican con más alcance a la hegemónica oferta alojativa que a la injustamente subestimada oferta complementaria. A los recientes cambios de los ciclos económicos y a las novedades laborales del covid se suman las incertidumbres climáticas y políticas mundiales. Por todo ello, una nueva legislación sectorial es bienvenida pero requiere un diálogo previo de Govern y empresariado turístico, en especial sobre el complejo tema de la moratoria.