Pepe Álvarez, Secretario general de UGT.

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Pepe Álvarez (Belmonte de Miranda, Asturias, 1956) es el secretario general de UGT desde marzo de 2016. La semana pasada participó en las asambleas de delegados del sindicato de Mallorca y Eivissa.

¿Cómo valora el funcionamiento de la Mesa de Diálogo Social durante la pandemia ?
— Muy positivamente. Gracias al esfuerzo e impulso de todas las partes se llegaron a acuerdos que permitieron una salida de la crisis completamente diferente de la anterior. El Diálogo Social demostró ser un instrumento poderoso para el giro frente al unilateralismo de la reforma laboral del 2012.

¿Cree que se podía haber conseguido algo más?
— Más que creer, claramente se podía haber conseguido algo más. Hay personas que se han quedado atrás. Un ejemplo claro es el incremento del SMI, insuficiente ante una inflación desbocada, principalmente por los costes de una energía que sufren los más desfavorecidos.

¿Cuáles son los retos de la Mesa de Diálogo Social?
— No estamos ante retos de esta organización, estamos ante retos como país. Los más esenciales, que no los únicos, son la eliminación de la precariedad laboral; la necesidad del restablecimiento de cierto equilibrio en la negociación colectiva; los mecanismos de ajuste empresarial; y la regulación de la subcontratación. No quería olvidar mencionar el destino de los Fondos Europeos, que han de adjudicarse no ya con criterios objetivos y racionales productivamente, sino marcadamente sociales.

¿Los acuerdos tomados han beneficiado a Balears y a su particular situación?
— Claramente, sí. No solo porque la situación de sus personas trabajadoras es similar a la de otras zonas del Estado, sino también porque, a mero título de ejemplo, colectivos específicos como los trabajadores fijos discontinuos han tenido una atención especial y en sectores como el turístico los ERTE han ayudado a sostener el tejido empresarial.

¿Qué aspectos de la reforma laboral se deben derogar antes?
— Nosotros apostamos por acometer cambios que supongan, de facto, la derogación total de la regulación de la reforma del 2012 dada su demostrada inutilidad para superar la crisis y sus efectos negativos sobre la sociedad. Se ha convertido en una impulsora de la desigualdad y la precariedad. Algunos de los aspectos más esenciales son priorizar el convenio de empresa, la ultractividad, el despido, etc.

¿Cómo se combate la temporalidad laboral?
— Con una Inspección de Trabajo con medios humanos y materiales suficientes, dotada de unos instrumentos sancionadores disuasorios y no como los actuales. Pero también con un cambio legislativo que realmente penalice la actuación fraudulenta y con una nueva regulación que no permita lagunas que puedan aprovecharse de forma ilícita.

¿Qué trabajadores se han visto más perjudicados?
— Toda clase de personas trabajadoras en todos los sectores, y en las empresas de todos los tamaños, porque estamos desgraciadamente ante un problema generalizado. En Balears, la tasa de temporalidad prepandemia era del 26,3 %. Este año bajó al 22,5 %, pero como consecuencia de la destrucción de empleo temporal durante la pandemia. Con la recuperación, repunta de nuevo.