Nueva regulación para el chárter náutico

La actividad de alquiler de embarcaciones y buques de recreo en las Islas supone más de la mitad de toda la actividad en nuestro país, constituyendo una importante actividad económica. La nueva norma regula los procedimientos administrativos en la materia, suprime el régimen de autorización previa para embarcaciones y buques no comunitarios, y unifica el régimen de declaración responsable para todas las embarcaciones; extiende asimismo el plazo de vigencia de la habilitación de alquiler a dos años; y crea ex novo un registro administrativo de ámbito autonómico en el que constarán las empresas que estén habilitadas para el ejercicio de la actividad, las embarcaciones y buques de recreo autorizados, etc.

En esencia, las principales novedades que incorpora la norma son:

(1) Unifica la regulación de la actividad de alquiler de embarcaciones y buques de recreo con fines deportivos o recreativos en aguas y puertos de las Illes Balears. Se pasa a un régimen de declaración responsable que habilita para el ejercicio de la actividad, tanto para las embarcaciones y buques de recreo comunitarios como no comunitarios.

(2) Desaparece la exigencia de autorización administrativa previa, conocida como licencia de chárter, para las embarcaciones no comunitarias.

(3) Se regula un procedimiento para la declaración responsable que habilita para el ejercicio de la actividad y se establecen dos modelos de solicitud. El solicitante declara estar en cumplimiento de todos los requisitos que establece la norma, y deberá contar con la prueba que lo acredite para el caso de que sea requerido por las autoridades.

(4) Se extiende a 2 años el plazo de vigencia de la habilitación para el ejercicio de la actividad. Pudiendo renovarse por periodos de 2 años.

(5) Se crea ex novo un registro administrativo de ámbito autonómico en el que constarán las empresas que estén habilitadas para el desarrollo de la actividad, así como las embarcaciones y buques de recreo habilitados.

(6) Se establece la facultad de verificación y sancionadora de las autoridades.

La entrada en vigor de la norma se demora al 1 de enero de 2018. Por tanto, las declaraciones y autorizaciones otorgadas durante 2017 se rigen por la normativa anterior, y tendrán una vigencia de un año.