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El turismo náutico será uno de los principales factores de expansión, diversificación y desestacionalización en los años venideros. Y no solo porque nuestras islas reúnan unas características geográficas y climáticas inmejorables sino también porque el sector náutico tiene una enorme capacidad de generar puestos de trabajo cualificados.

Según los últimos datos de la Fundación Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, el efecto multiplicador del sector náutico sobre la producción efectiva es de 3,61 (la media del sector industrial es 1,6), es decir, por cada euro producido por el sector se generan 3,61 € adicionales en la economía. El desarrollo del sector produce un importante efecto arrastre de la economía que requiere diversos operadores y servicios: astilleros, alquiler de embarcaciones (chárter), reparación y mantenimiento, puertos deportivos, telecomunicaciones, etc.

En relación con el empleo, el coeficiente multiplicador es nada menos que 6,71 (la media del sector industrial es 1,5) y, en muchos casos, requiere personal especializado que el sector importa de otros países al no disponer de profesionales suficientes.

El turismo náutico además ayuda a la creación de una industria local, sus consumidores tienen un poder adquisitivo y período de estancia medio superior a la media turística, y es poco intensivo en consumo de territorio, cuestión de especial relevancia en los territorios insulares.

Desde el punto de vista fiscal, son varias las desventajas con nuestros competidores en el Mediterráneo, en especial Francia e Italia. La principal es el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT), conocido como impuesto de matriculación, que grava con un 12% de su valor la primera matriculación de embarcaciones de más de 8 metros de eslora, así como también el uso o utilización en España (por parte de residentes o no residentes con establecimiento en España) de embarcaciones matriculadas en otros países.

Este impuesto, que lógicamente se adiciona al 21% de IVA, no está armonizado a nivel comunitario y no existe en ningún otro país de la Unión Europea. Unido a su confusa redacción, que genera gran inseguridad jurídica, hace que España pierda gran parte de su atractivo.

El IEDMT es estatal pero lo recaudado corresponde a las comunidades autónomas. Nuestras islas, con un presupuesto de 4.200 millones, reciben por este concepto menos de 2. ¿Merece la pena mantener este impuesto? Claramente no. La escasa recaudación por el IEDMT se vería sobradamente compensada por el aumento de ingresos tributarios derivados del aumento de la actividad en el sector náutico, es lo que los anglosajones llaman un 'win-win scenario'.

Cuando nos comparamos Francia o Italia, nuestras magnitudes macroeconómicas en términos de producción efectiva, valor añadido bruto (VAB) –suma de rentas del trabajo y del capital– y empleo están muy alejadas, tanto en términos absolutos como relativos. Por poner un ejemplo, el sector náutico genera en España, de forma directa, indirecta e inducida 113.000 empleos, en Francia 344.000 y en Italia 670.000.

Parece razonable apoyar a este sector en una economía como la española, con una tasa de paro superior al 20% (45% en jóvenes menores de 25 años), máxime cuando se trata de generar empleo cualificado y, por ende, bien remunerado.

Solo falta querer.