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El profesor Andreu Mas-Colell es un prestigioso economista. Tras sus estudios en la Universidad de Minnesota, se quedó en Estados Unidos enseñando en Berkeley y en Harvard. En total más de 25 años en los centros de donde proceden los principales economistas liberales de esta época. Como especialista en microeconomía es reconocido mundialmente.
Andreu Mas-Colell es también político, y político nacionalista. Como político ha escrito un artículo, publicado el pasado día 10 de mayo en el diario Ara en el que afirma que el aeropuerto del Prat está supeditado al de Barajas y que debería orientarse solo en función de los intereses territoriales de Cataluña.

La tesis de que el Gobierno central favorece al aeropuerto madrileño en perjuicio del catalán ha calado en sectores nacionalistas que no quieren ver la realidad. Ni AENA ni las compañías aéreas que operan, o puedan operar en cualquier aeropuerto español, se mueven por motivos políticos sino que tienen que responder ante sus accionistas, por lo que buscan la maximización de los beneficios. El Ministerio de Fomento no recomienda aeropuertos y las compañías no le harían caso si lo hicieran.

En realidad El Prat es un aeropuerto en rápido crecimiento por el que han pasado 40 millones de pasajeros en el 2015 frente a los 47 de Barajas, pequeña diferencia comparada con la del tráfico de mercancías, en el que el volumen del segundo es tres veces superior al del primero.

La diferencia, claro, está en los movimientos intercontinentales, en los que lleva ventaja el aeropuerto madrileño, mientras que las compañías de bajo coste dominan en el catalán.

Quizás el político nacionalista no quiera recordar, pero el economista seguro que sí lo hace, el último intento de olvidarse del mercado. El tripartito presidido por Montilla quiso convertir a Spanair en la aerolínea de bandera de Cataluña con el objetivo de convertir al aeropuerto de Barcelona en un centro neurálgico intercontinental. La aventura se saldó con un concurso de acreedores de más de 400 millones de euros. O el caso del aeropuerto de Lérida, que costó el doble de lo previsto (90 millones de euros) con cargo a los presupuestos de la Generalitat, y tiene que ser subvencionado cada año porque su tráfico es una décima parte del previsto.