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Compruebo con una mezcla de estupor y vergüenza social la última tendencia que está desarrollándose en países ¿avanzados? y me temo que el nuestro acabe irremediablemente importándola. Se trata de la vitrificación de ovocitos.

Una de las causas por las que existen más problemas de fertilidad es porque las mujeres retrasan el momento de ser madres. ¿Por qué ? Porque la mujer se ve obligada a decidir entre la maternidad y su desarrollo profesional.

La congelación de óvulos ofrece una alternativa a aquellas mujeres que desean demorar el momento de ser madres. ¿Que desean? No, denominemos a las cosas por su nombre, a las mujeres que se les insta a demorar el momento de la maternidad. Estamos conociendo cómo algunas multinacionales del sector tecnológico están ayudando a sus empleadas a pagar el coste de congelar sus óvulos y algunas otras están planeando ofrecer una política similar el año próximo.

Centrándonos en España, se hace necesario poner de manifiesto el largo camino que nos queda por recorrer en cuanto a medidas de conciliación de la vida personal y familiar para disminuir de forma considerable la presión a las que se ven abocadas las mujeres para demorar su maternidad. Estamos hablando de flexibilidad horaria que puede ser en la entrada y la salida, trabajos a tiempo parcial, trabajo compartido entre dos o más empleados, teletrabajo (sobre todo en circunstancias especiales), reducción de jornadas (también temporales en caso de enfermedad de un hijo), permisos para cuidados especiales, vacaciones extra no remuneradas, promoción de guarderías y/o escuelas infantiles.

Conciliar la vida laboral, familiar y personal significa encontrar las mejores fórmulas para compaginar el horario de trabajo con los requerimientos de nuestra vida personal y nuestras necesidades familiares. La responsabilidad social de las empresas debe contribuir a mejorar la calidad de vida y el desarrollo de las personas, por lo que las medidas expuestas en el párrafo anterior deben ser, en buena parte, impulsadas desde las empresas y organizaciones pero el legislador tiene –sin duda– una mayor responsabilidad.

España es uno de los países de la Unión Europea que da menos prestaciones sociales a las familias. Pero es que a ello debemos añadir que en España tenemos un grave problema con la natalidad, que se ha ido reduciendo de forma alarmante durante los últimos veinte años. En 2016 probablemente se produzcan en nuestro país menos nacimientos que decesos y las estadísticas nos auguran de aquí al 2050 una pérdida de población de alrededor de tres millones de personas. La esperanza de vida se va elevando, incrementándose así el gasto social, al tiempo que merma la natalidad.

A ello debemos añadir que la inmigración, con los efectos beneficiosos que conllevaba a nivel de población activa y cotización a la S.S., no solo se ha detenido sino que está descendiendo. Lo cierto es que si no se arbitran medidas correctoras nos abocamos –entre otros problemas de calado– a un déficit de la Seguridad Social. Solo entre 2012 y 2013 se consumieron 23.731 millones del fondo de patrimonio de la Seguridad Social, de los que 4.980 millones fueron del fondo de prevención y rehabilitación, el conocido como fondo de las mutuas, y 18.651 millones del Fondo de Reserva.

¿Están nuestros políticos preparados para afrontar este reto con garantías?