Las clarisas tendrían que abandonar el monasterio si mantienen su pulso a la Iglesia

Campos se muestra categórico con el escenario que se abre si las religiosas mantienen la actitud expresada en el comunicado firmado por la abadesa el pasado 15 de mayo, en el que reniegan del papa Francisco y anuncian su intención de abandonar la Iglesia católica. «Si se van de la Iglesia católica, se tendrán que ir de ese monasterio que pertenece a la Iglesia católica. Es duro decirlo, pero es así. Y además serían excomulgadas», señala.

Así, si cada una de las religiosas que permanecen en el monasterio deciden dar ese paso hipotético de salirse de la Iglesia y además unirse a un falso obispo excomulgado que reniega del papa, estarían incurriendo en la pena canónica de excomunión y serían expulsadas del monasterio. Si esto ocurre, la Iglesia nombraría un comisario o una comisaria pontificia para hacerse cargo de la titularidad de ese monasterio. Todo esto, además, tendría eficacia civil, señala este experto que confía en que no se llegue a la situación de que la Guardia Civil tenga que pedirles que abandonen un inmueble que es propiedad de la Iglesia católica.

No hay plazo para que esto ocurra y ahora todo depende de cómo la autoridad eclesiástica reaccione a las declaraciones de las religiosas, aunque Campo advierte de que tanto en el ámbito civil como en el eclesiástico, «la justicia es como de mercancías que le cuesta mucho ponerse en marcha, pero una vez que se pone en marcha es difícil pararlo». «Y lo que han hecho estas mujeres, sí es verdad, es de una gravedad extrema», sentencia este experto, que habla de «cisma» porque se están apartando de la comunión visible con la Iglesia.

La pena, en este caso es de 'Latae sentetiae', es automática una vez que se han comprobado los hechos. En cuanto a la propiedad del monasterio, deja claro que no es de las religiosas que lo habitan. Explica además que si se quiere comprar o vender un monasterio y la operación tiene un valor superior a 1,5 millones de euros, necesita la licencia de la Santa Sede. «Ningún notario de España autorizaría una operación de enajenación que no venga con la licencia de la Santa Sede, porque estas normas del Código de Derecho Canónico tienen eficacia civil como Derecho estatutario», advierte.