En diciembre de 2020, Noelia pagó la casa. "Es una vivienda unifamiliar y bajita", explica. Cuando estas casas se construyeron, a finales de los años 50, tenían que cumplir con unos estándares determinados. Los motivos: estaban levantándose en una zona protegida y se iban a destinar a un uso social, para que las familias más vulnerables pudiesen acceder a ellas con un precio asequible.
Para poder comprar la casa, tuvo que pedir una hipoteca a su banco. No podía asumir por su cuenta los 140.000 euros que le pedía el propietario anterior. "Sabíamos que era muy antigua y que íbamos a tener que reformarla", explica. Sin embargo, se dieron cuenta que la situación era peor de lo que tenían en mente mientras sacaban los muebles antiguos de la vivienda. "Cuando movimos el armario del salón, vimos que había una grieta en la pared que iba de lado a lado", recuerda.
Por este motivo, decidieron llamar a un arquitecto para poder realizar la reforma. Sin embargo, al ver la cantidad de grietas y desperfectos que había en la casa, comenzaron a hacer catas en la infraestructura. Haciendo estos estudios, se dieron cuenta de que esta se encontraba en un muy mal estado, por lo que decidieron enviar informes al Ayuntamiento para que evaluase la situación. "Cada seis meses enviábamos informes de los arquitectos al Ayuntamiento actualizándoles el estado de la vivienda", asegura.
Finalmente, en noviembre del año pasado, el Consistorio decretó ruina inminente en la vivienda. Los técnicos enviaron a Noelia y a su marido una orden de demolición. "Nos daban cinco días para derribar la casa", recuerda. Llamaron rápidamente a distintas empresas del sector, pero la fecha más cercana que les ofrecían era un año más tarde. Por ello, recurrieron a los técnicos del Ayuntamiento. "Todavía no nos han pasado la factura desde el Ayuntamiento, pero seguramente no bajará de los 30.000 euros", comenta Noelia.
Un alquiler, un juicio...
El terreno sobre el que se edificó la vivienda es ahora un solar. "Estamos pagando una hipoteca por una casa que ni siquiera está en pie", se queja Noelia. A este gasto, se suma también la devolución de una ayuda que pidió a la Comunidad de Madrid cuando compraron el inmueble. Se trata de las subvenciones que el Gobierno regional ofrece por la adquisición de la primera vivienda.
La Comunidad le exige esta devolución por no estar empadronados en ella, ya que es una de las exigencias. "No consta que esa casa es el lugar en el que vivimos porque no se puede. Es un solar, no hay casa", denuncia.
Ahora mismo, están en un pequeño piso, en alquiler, que pagan gracias a la ayuda de amigos y familiares. No es el problema que más en mente tiene, puesto que, como dice, "las deudas entre conocidos no son tan agobiantes como con las administraciones". No obstante, sigue siendo un gasto a añadir en su vida. "Nos hemos quedado sin ningún tipo de capacidad de ahorro", cuenta con tristeza en su tono.
A pesar de ello, la resolución del juicio al que acudieron la semana pasada, contra el antiguo propietario, podría aliviar ligeramente la tensión económica en la que está sumida esta pareja. Demandaron al antiguo propietario, alegando vicios ocultos. "Según lo que nos ha dicho nuestro abogado, aunque él no tuviese conocimiento de los desperfectos de la casa, sigue siendo el responsable", explica Noelia. Por ello, de conseguir ganar el caso, percibirían cerca de 60.000 euros. "Por los cálculos que hemos hecho, ese dinero nos da para pagar los abogados y la tasa de demolición, pero nada más", comenta.
Volver a levantar la vivienda
A pesar de toda esta situación, en la cabeza de Noelia sigue rondando la idea de reconstruir la casa, "con mejores materiales e infraestructura". Sin embargo, no puede ponerle fecha, ya que será otro gasto que sumar a sus cuentas bancarias. Además, teme que el coste sea todavía mayor de lo que tienen en mente por la situación que existe actualmente en el sector de la construcción. "Va a ser otro gasto muy grande, porque el precio de los materiales es mucho más caro que antes y hay menos mano de obra", añade.
El poblado dirigido de Caño Roto, en el que estaba situada la casa que Noelia y su pareja compraron, surgió en los años 50. Fue como solución al incremento que se estaba produciendo de los poblados chabolistas en la periferia de Madrid. Como consecuencia de esta situación, se puso en marcha el Plan Nacional de la Vivienda (1955), a través del cual, los propietarios- bajo la tutela de los técnicos del Ayuntamiento y los arquitectos de la época- obtenían la capacidad autoconstructiva de casas a baja altura.
Sin embargo, este poblado se cimentó sobre un terreno en el que existen "ríos subterráneos", según expone Noelia. Esto significa que "hay un constante movimiento de las tierras". Esto, sumado a la humedad de la zona, unos materiales e infraestructuras que "no son los mejores" y el paso de más de 60 años, ha llevado a que muchas viviendas estén sufriendo diversos problemas. Sin embargo, ninguno de estos casos ha llegado al nivel de Noelia, es decir, a tener que derribar la casa.
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