Así, y según los datos de la Seguridad Social, de los 285.870 nuevos jubilados de 2020, 176.289 tenía 65 o más años, mientras que el resto era más joven: 22.970 tenía 64 años; 46.249, 63 años; 10.573, 62 años; 24.901, 61 años, y 4.888, 60 años o menos.
El porcentaje de jubilaciones anticipadas es similar al de hace 10 años (38,1 %), pero se ha reducido respecto al 44,4% sobre el total que llegó a representar en 2016.
Es uno de los factores que incide en la brecha de 1,3 años que hay en España entre la edad real de jubilación, que se situó en 2020 en 64,5 años, y la edad legal de retiro para ese año (65,83 años o, lo que es lo mismo, 65 años y 10 meses).
Esta diferencia (1,3 años) se ha incrementado en los 10 últimos años, ya que en 2010 la edad a la que de media se jubilaban los trabajadores españoles eran los 63,8 años, frente a los 65 años legales, lo que situaba la brecha en 1,16 años.
Con estas cifras, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, trabaja en una serie de cambios que, por un lado, endurezcan las condiciones de las prejubilaciones y, por otro, premien a los que opten por ampliar su carrera laboral de forma voluntaria.
En el primer punto, el objetivo de Escrivá, tal y como ha reiterado en las últimas semanas, es que la pensión de los que decidan jubilarse de forma anticipada -se puede optar a esta opción dos años antes de la edad legal siempre que se tengan 35 años cotizados- se vea reducida de facto con un 8% por año, tal y como recoge la normativa cuando se acredita un período de cotización inferior a 38 años y 6 meses.
Actualmente, y según los cálculos facilitados por el Gobierno, esta reducción termina siendo inferior, alrededor del 4%, ya que se aplica sobre la base reguladora y no sobre la pensión directamente penalizando menos a los salarios más altos y más a los más bajos.
La otra vía en la que trabaja el Gobierno consiste en premiar más a los que se jubilan por encima de la edad legal, y para ello ha avanzado ya dos líneas de trabajo.
Por un lado, Escrivá ha subrayado que se quiere acabar con la posibilidad de que, vía convenio colectivo, se pueda obligar a alguien a jubilarse forzosamente al alcanzar la edad legal.
Y por otro, ha incidido en dar más publicidad y evaluar la posibilidad de modificar los incentivos a quienes se jubilan más tarde, con pagos de una sola vez para que la gente tenga "carreras laborales más largas".
Todos estos temas, enmarcados en la reforma de pensiones que el Gobierno quiere aprobar de forma consensuada apoyado en las recomendaciones del Pacto de Toledo, deben pasar por la mesa del diálogo social con patronal y sindicatos.
Hasta agosto del año pasado, solo 8.560 personas accedieron a la jubilación de manera demorada, es decir, con más de 65 años y 10 meses, una opción que eleva la cuantía de la pensión hasta un 4% en función de los años cotizados, con un mínimo de 25.
Esta modalidad se ha reducido en favor de la jubilación activa, aquella que permite compatibilizar el trabajo con el cobro de la pensión de jubilación, que contaba en 2020 con 61.220 personas acogidas a esta modalidad, la mayor parte (52.076) cotizando en el régimen de trabajadores autónomos.
Puesta en marcha en 2013, esta modalidad de jubilación fue modificada en 2017 permitiendo a los autónomos percibir el 50% de su pensión, de manera general, y el cien por cien si acredita tener trabajadores contratados.
Así, según los datos de la Seguridad Social, a 31 de agosto de 2020 el número de jubilados autónomos que trabajaba y cobraba el importe íntegro de su pensión era de 14.920.
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