Durante la comparecencia del ministro en la comisión del ramo del Congreso, el portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, se ha quejado de que se ha producido un «incremento del coste» de las bodas como consecuencia de la aprobación de la citada ley.
Eso, ha explicado Santiago, ha provocado que se haya incrementado el coste de ese servicio que los jueces de paz prestaban gratuitamente, pues ahora la gente tiene que casarse en notarías o ayuntamientos, que cobran «aranceles o tasas» por ello. «Vamos a ver cómo podemos arreglarlo», ha pedido el portavoz de Sumar.
Inicialmente el Gobierno quería suprimir los juzgados de paz, aunque finalmente durante la tramitación de la Ley de Eficiencia de la Justicia, se mantuvieron aunque sin competencias para celebrar bodas. En respuesta a Santiago, el ministro ha admitido que esta decisión «está dando algún problema» y ha adelantado que su ministerio no tiene «ningún inconveniente en que los juzgados de paz recuperen las competencias para celebrar matrimonios».
Según ha avanzado, su intención es arreglar este asunto mediante una enmienda algunas de leyes que se están tramitando en el Congreso. «Lo trabajamos en esa línea porque yo creo que era bueno, estaba socialmente aceptado, era fácil y era barato», ha señalado.
Después el portavoz de Junts, Josep Pagès, le ha recordado que los jueces de paz tendrán que dejar de ocuparse de las bodas el próximo 3 de abril por lo que le ha urgido a arreglar este asunto mediante un decreto ley sin esperar a hacerlo vía enmienda. El ministro ha dicho estar abierto a estudiar todas las opciones y ha admitido que sería bueno solucionar esto antes de principios de abril, si bien ha recalcado que las leyes de Justicia que pueden utilizarse para hacerlo también van a llegar pronto a la Cámara.
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