Jueces y fiscales han impulsado un manifiesto (que suma cerca de 1.400 firmas) en contra de la reforma de la ley del Poder Judicial que prepara el Gobierno y que consideran una «propuesta anacrónica y gravemente lesiva para la concentración de la vida familiar y laboral».
Algunas de las principales asociaciones judiciales, como la Profesional de la Magistratura, la Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, han mostrado su apoyo al manifiesto elaborado por jueces de la 72 promoción de la carrera judicial, que se graduó hace un año.
En él denuncian varios aspectos del anteproyecto de ley en el que trabaja el Ejecutivo, como el restablecimiento del traslado forzoso por ascenso de categoría.
También critican la propuesta de Justicia para resolver la situación de los jueces sustitutos que, a juicio de los firmantes, no puede solventarse a costa de perjudicar a los jueces y fiscales que han accedido a sus carreras por turno libre, ni a los opositores que se sacrifican durante años.
Así, sobre el restablecimiento del traslado forzoso a los tres años de ascender a las categorías de magistrado o de fiscal, tachan la propuesta de «anacrónica» y «gravemente lesiva para la conciliación personal y familiar».
«Supone una movilidad geográfica obligatoria incompatible con la realidad social de la carrera judicial y fiscal, imposibilitando la continuidad del núcleo familiar en un mismo domicilio. Esta medida perjudica especialmente a los integrantes de las carreras judicial y fiscal pertenecientes a zonas del territorio donde hay pocas plazas de magistrado o fiscal disponibles, forzándoles a abandonar su residencia», denuncian.
Además, advierte de que el traslado forzoso provoca importantes perturbaciones en la vida personal y profesional y no se aplica a ningún otro funcionario público.
Creen que no contribuye a mejorar la situación precaria de la Administración de Justicia, sino que genera perjuicios al propio servicio ya que los cambios continuados en el destino en plazos cortos de tiempo impiden un conocimiento en profundidad de los asuntos del juzgado.
Recuerdan que es una medida que se eliminó en la carrera judicial en 2009 porque se consideraba no ajustada a la realidad de la judicatura hace 16 años. «No tiene ningún sentido que se recupere en 2025».
Sobre el ejercicio de la labor jurisdiccional, advierten de que requiere de una formación específica que solo se acredita a través de las vías de acceso existentes en la actualidad.
En cuanto a la estabilización mediante una convocatoria extraordinaria, opinan que no puede convertirse en una tercera vía de acceso a las carreras judicial y fiscal, y creen que debería regularse su situación mediante el ingreso por uno u otro sistema ya establecido.
«La entrada de jueces y fiscales por el proceso de estabilización y el posible reconocimiento de su antigüedad como sustitutos perjudica nuestras posibilidades de promoción y el desarrollo de nuestras carreras profesionales, al tiempo que desincentiva a los actuales opositores, que ven mermadas de forma significativa sus posibilidades de acceso», señalan.
Afirman también que la carencia de personal que sufre la Administración de Justicia en España (la quinta peor ratio de jueces de la Unión Europea, con 11 por cada 100.000 habitantes, frente a una media europea de 24) se debe solventar aumentando el número de plazas en el turno libre, garantizando que se cumplan los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que deben presidir siempre el acceso a la función pública.
2 comentarios
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Cuando los profesionales de las poderes legislativos independientes, se manifiestan asi de claros y concisos, es que el PSOE, lo que quiere es, imponer SÚ forma de legislar inquisitiva de manera autocratica.
NO HAY NADA DE PROGRESISTA EN ESTE PSOE .... Y de SOCIALISTA MUY POCO.