El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atiende a los medios en su visita a la Feria Internacional de Turismo, Fitur. | Efe - Fernando Villar

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La decisión de PP, Junts y Vox de tumbar los tres decretos leyes que el Gobierno de Pedro Sánchez llevó al Congreso de los Diputados en formato ‘ómnibus’ para su convalidación ha marcado de forma transversal las agendas políticas, tanto en lo local como en lo nacional. La decisión de estas tres derechas en la Cámara Baja, más allá de dejar al descubierto la evidencia de que no existe la pretendida mayoría progresista que enarbola siempre que puede el ejecutivo de coalición de PSOE y Sumar, metió el miedo en el cuerpo a la ciudadanía ante la posibilidad de que descarrilen temas tan sensibles como la revalorización de las pensiones o las ayudas que sostienen la gratuidad del transporte público.

Del enfado manifiesto de los ministros en el Congreso –Sánchez se encontraba el día de la votación en el Foro de Davos (Suiza) con su agenda más internacional–, pasando por la «rabia» de grupos como Podemos al quedar el llamado escudo social en agua de borrajas, llegaron pronto las explicaciones de los ‘populares’ e independentistas catalanes, más elaboradas que el ‘no a todo’ que esgrime siempre el partido de Santiago Abascal. Por ejemplo la presidenta del Govern, Marga Prohens, acusó a Sánchez de tomar como «rehenes» a los pensionistas de Baleares y a los usuarios del transporte público.

A pesar de que la Conselleria de Mobilitat balear se apresuró a confirmar que el transporte que de ellos depende seguirá siendo gratuito este año en las Islas, la jefa del Consolat de Mar afeó al mandatario español que lo vinculara a temas dispares como el «apoyo a los okupas» o la «subida del IVA de alimentos básicos o de la luz». En la práctica el voto negativo de los tres partidos contra el llamado decreto ‘ómnibus’ congela las pensiones de más de 180.000 personas en Baleares, y hace decaer el ingreso mínimo vital que perciben las familias más vulnerables, o las medidas de protección que evitaban sus desahucios, así como los cortes de luz y gas.

Volviendo a las explicaciones antes deslizadas, de un lado el PP asegura que concederán su apoyo a tres reales decretos leyes que revaloricen las pensiones, recuperen las ayudas al transporte público y pongan en marcha nuevas ayudas a los afectados por la dana en València. Nada menos que eso pero tampoco nada más. Con fuerza ha resonado la campaña de los ‘populares’ contra una de las medidas que el Gobierno trató de incluir en el citado paquete legal, en referencia al intento de «donación» del palacete de la avenida Marceau de París, sede del Gobierno Vasco en el exilio, que sus expertos legales interpretan como una suerte de «financiación irregular» de Sánchez al PNV.

En el caso del partido de Carles Puigdemont advierten que los socialistas tratan de «colar su programa electoral» en cada iniciativa. Se muestran reticentes a aceptar el «trágala» del Gobierno de España, que creen que otros sí asumen como propios, en clara alusión a los socios de Sánchez, y reafirman que sus votos en Madrid no están para apoyar a ningún gobierno de turno, sino para defender los intereses de Cataluña.

La portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, fue bastante diáfana en una entrevista radiofónica: «Esto va de un gobierno que no tiene mayoría (...) Y los partidos que podemos darle o no apoyo tenemos dos opciones, aceptar el ‘trágala’, nos lo comemos todo, por qué a ver qué dirás (...) o plantar cara y decir 'así no'». Poco clara queda la senda que desenrede la troca embolicada de la semana. Ni siquiera Sánchez, en declaraciones en la feria turística Fitur, quiso aclarar cuáles son las intenciones de su Gobierno con el fin de rescatar las medidas tumbadas esta semana en el Congreso. ¿Cederá a quienes pueden apoyarle y aprobará nuevos decretos a su gusto? ¿Insistirá con el conocido como decreto 'ómnibus', que al decaer ha provocado tanta incertidumbre en amplios segmentos de la ciudadanía? Habrá que esperar para ver.