Cuarta suspensión de la declaración en los juzgados del novio de Ayuso por fraude fiscal

Por el momento, la magistrada suspende la declaración y, antes de acordar un nuevo señalamiento, solicita a las partes que informen sobre la petición de los abogados del empresario de no declarar hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva su recurso contra la ampliación de la investigación por presunta corrupción en los negocios.

La investigación a la pareja de Ayuso arrancó en marzo del año pasado por un presunto fraude a Hacienda de 350.961 euros entre 2020 y 2021 y falsedad documental. Después, a petición de las acusaciones populares que ejercen el PSOE y Más Madrid, la jueza amplió las pesquisas para investigar la presunta utilización de una sociedad pantalla en el marco de sus negocios con Quirón Prevención y el supuesto pago de medio millón de euros a la mujer del presidente de esta sociedad como una posible comisión encubierta.

Ni González Amador ni los otros cuatro investigados han dado aún explicaciones ante la jueza desde que se abrió la causa, en marzo del año pasado, motivo por el cual la Fiscalía instó a la magistrada a citarles, para evitar que sigan corriendo los plazos de instrucción. Precisamente, en su providencia y «visto el estado que mantienen las presentes actuaciones», la jueza también pide a las partes que informen si se debe prorrogar la investigación.

Después de que la magistrada aceptase la petición de la Fiscalía, González Amador volvió a pedir la suspensión de la declaración con varios argumentos: dijo que tenía programado un viaje profesional a Estados Unidos del 4 al 8 de febrero y a México del 8 al 12, y que el día de la citación, el 7, la defensa tenía ya un señalamiento ante un juzgado.

Pero en su recurso insistió en que era necesario esperar a que la Audiencia Provincial se pronunciase sobre la ampliación de la causa, y cargó duramente contra la Fiscalía por lo que consideraba un «cambio absoluto de posición» que conectó con el avance del procedimiento abierto en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos en relación a su investigación.