La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. | Efe - J.P.Gandul

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La Guardia Civil ha llevado a cabo la detención de tres personas en el puerto de Algeciras cuando intentaban embarcar hacia Tánger. Los imputados, dos mujeres y un hombre de nacionalidad marroquí, tenían en su poder un ordenador que había sido previamente robado en la localidad alicantina de Guardamar. El dispositivo electrónico en cuestión pertenece a Guadalupe Sánchez, abogada de Alberto González Amador, quien a su vez es pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso.

La conexión con figuras influyentes de la escena nacional añade un nuevo nivel de interés al caso, pues se ha visto implicado incluso el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una trama de supuesta revelación de secretos, lo cual está siendo investigado por el Tribunal Supremo.

El robo del ordenador ocurrió hace unas semanas y fue reportado de inmediato a las autoridades y a los medios de comunicación de ámbito nacional, que siguen con interés todo lo que se desgrana de la causa que Ayuso interpreta como una suerte de cacería política en su contra, orquestada por las más altas esferas del Ministerio de Justicia, y por ende del Gobierno de España que encabeza Pedro Sánchez. No se supo nada del mencionado portátil hasta aparecer en las últimas horas de camino a Marruecos.

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La recuperación de este dispositivo electrónico se produce en un momento crítico, ya que se investiga si contiene información legalmente sensible que podría afectar a González Amador y, por extensión, a la administración de la 'popular' Isabel Díaz Ayuso. En relación a la participación del fiscal general, se espera que este comparezca ante el Tribunal Supremo para aclarar su papel en la presunta revelación de información confidencial. Las implicaciones del caso podrían tener consecuencias significativas en el ámbito político y judicial español.

Fuentes de la Benemérita señalan que el operativo desplegado en el puerto algecireño forma parte de un esfuerzo conjunto con el país vecino para combatir el contrabando y otros delitos transfronterizos. Las autoridades creen que los detenidos pretendían vender o utilizar la información del ordenador una vez llegaran a Marruecos. Este operativo se interpreta como un éxito de la colaboración en materia de seguridad entre nuestro país y el estado magrebí.

El foco se centra ahora en la investigación y el proceso judicial que seguirá a las detenciones de los tres individuos en cuyo poder se encontraba el portátil sustraído a la defensa de la pareja de la presidenta madrileña. Los acusados se hallan bajo custodia, y se espera que pronto enfrenten cargos formales. Las pesquisas continuarán para determinar el grado de implicación de los arrestados y si existen conexiones más amplias dentro del contexto español, pudiéndose derivar nuevas detenciones en una cuestión que a buen seguro traerá cola.