Anticorrupción solicita al juez que pida al Supremo investigar a Ábalos al ver indicios de delito

La petición de la Fiscalía llega dada la condición de aforado de Ábalos como diputado, lo que hace que solo el alto tribunal sea el competente para poder investigarle. Será el Supremo, si así lo solicita el juez, el que decida si indaga únicamente en los hechos relativos al exministro o si descarta hacerlo. En el citado informe, conocido la pasada semana, los agentes atribuían al que fuera titular de Transportes un «papel relevante» y de «responsabilidad» en la presunta trama del 'caso Koldo' al tiempo que pedía al juez de la Audiencia Nacional que le investigase.

Según la UCO, «la enumeración lógica de indicios expuestos hasta este momento ofrece una aproximación a los hechos en la que Ábalos adquiere un papel relevante y de responsabilidad en su relación directa con Koldo (García, su exasesor), (el empresario Víctor de) Aldama y la organización criminal dinamizada por este último». Así las cosas, el Instituto Armado sostiene que «se debería investigar qué relación tendría el exministro» con la «organización criminal y los hechos investigados, para lo cual se requeriría iniciar una investigación sobre esta persona, actualmente aforada». Entre la batería de «indicios» a los que hace referencia la UCO en su informe, los investigadores explican que --gracias a las «evidencias intervenidas a Aldama y Koldo» y las conversaciones interceptadas-- han «hallado una relación de carácter económico entre De Aldama y Koldo - Ábalos».

Al margen, la UCO señalaba que Ábalos informó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, haría una visita privada a España y que le había pedido verse «discretamente». Según dijo, el jefe del Ejecutivo no puso «pegas». «La vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de comunicación (que es su hermano).

La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda», rezaba el mensaje enviado por Ábalos a Sánchez, del que consta una captura de pantalla en el informe de la UCO. Los agentes consideran que de dicho mensaje, que Ábalos remitió en una captura de pantalla a Koldo, «se aprecia» que se «obtuvo el beneplácito del presidente del Gobierno para la visita de Delcy». A su vez, apuntaban que --durante la permanencia de Ábalos y Koldo en el Ministerio-- De Aldama, realizó «habitualmente» diversas actividades como «labores de intermediación entre España y Venezuela». También se comunicó con Delcy Rodríguez para trasladarle un mensaje «del jefe» en relación a la reunión del opositor venezolano Leopoldo López con Pedro Sánchez en la sede del PSOE, según el informe. La UCO subrayaba que De Aldama y la 'número dos' de Nicolás Maduro trataron «asuntos de gran sensibilidad» para ambos, incluido temas ligados con la compraventa de oro venezolano.

Además, los investigadores insistían en que hay indicios suficientes, «obtenidos de manera directa del material obrante en la causa», que «vincularían la participación de Ábalos en los contratos investigados, con la compra por parte de De Aldama de un chalet para el propio exministro». Sobre este extremo, precisaban que De Aldama --considerado el presunto conseguidor de la trama-- «gestionó la compra del chalet, inicialmente a través de una serie de ciudadanos venezolanos que se inicia pero no culmina de manera existosa», y, posteriormente, «valiéndose económicamente de una presunta trama dedicada al fraude en el sector de los hidrocarburos».

La UCO apuntaba que Ábalos llegó a «disponer» del chalet 'La Alcaidesa' --situado en La Línea de la Concepción-- y pudo incluso poner «en alquiler y poder obtener así rendimientos económicos». Dicha propiedad, señalan los agentes, fue adquirida por De Aldama por valor de 526.000 euros empleando sociedades presuntamente controladas por Claudio Rivas, socio del empresario. En el informe figuraba también otro inmueble. La UCO ha hallado «evidencias» de que un presunto «testaferro» pagó 82.298 euros para alquilar un piso en Plaza España, Madrid, en el que residía J.R.G., pareja de Ábalos. De las conversaciones intervenidas, los investigadores señalaban que la mujer tenía un contrato laboral con INECO --empresa dependiente del Ministerio de Transportes-- y estuvo en la empresa pública TRAGSATEC --dependiente de la SEPI--.