El juez dicta prisión para Aldama por un supuesto fraude en hidrocarburos

A María Luisa Rivas le impone únicamente medidas cautelares como presentarse cada quince días ante el juzgado y retirada del pasaporte. Se trata de un entramado societario que, además de defraudar el IVA, blanqueaba los fondos obtenidos, de modo que a las cuentas bancarias de dichas sociedades se transferían fondos de procedencia delictiva desde las cuentas de las suministradoras. Se constituían empresas para vender combustible, que desaparecían y entraban en concurso de acreedores o eran liquidadas para evitar pagar el IVA.

Dado que el dinero viene de las suministradoras, mercantiles que se emplean para bajar el precio del hidrocarburo con el IVA que no van a abonar, todo el dinero que transfiere procede de la cuota presuntamente defraudada, explica el juez en su auto. Asimismo, la trama blanqueaba el capital obtenido mediante el retorno de fondos con bienes muebles, inmuebles, vinos de alta gama, joyas u otros bienes de consumo. Pedraz no descarta en su auto que existan en el extranjero sociedades aún no identificadas, a través de las cuales los investigados podrían operar salvaguardando el patrimonio vinculado.

El magistrado justifica su decisión de enviar a prisión a Aldama y a Rivas por la gravedad de los delitos que se les imputan, cuyas penas, elevadas, podrían llevarles a fugarse. Incide además en que quedan aún muchas diligencias pendientes, que junto con las medidas ya adoptadas tiene por objeto recuperar en la medida de lo posible el dinero defraudado, otro motivo para optar por el ingreso en prisión de ambos. Aldama, que fue detenido el pasado lunes junto con una docena de personas, ha abandonado la Audiencia Nacional en un furgón policial con destino a la cárcel de Soto del Real.

Los registros practicados el pasado lunes por la Unidad Central Operativa (UCO de la Guardia Civil en Madrid, Cáceres y Salamanca) han permitido recopilar información sobre la actividad defraudatoria y sobre la relación de esta con funcionarios de la Administración. Víctor de Aldama está considerado como un «comisionista» o «conseguidor» de la trama del caso Koldo, en el que se investigan irregularidades en las adjudicaciones de las compras de mascarillas en la pandemia de la covid-19.