Las monjas excomulgadas de Belorado expulsan al obispo Rojas y al cura coctelero del monasterio

«En la decisión parece primar los intereses legales y la defensa patrimonial a la acción pastoral y los planteamientos doctrinales que, supuestamente, estaban en el origen del cisma» reza una publicación nacional. Por otra parte, la comisión gestora nombrada por el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, como comisario pontificio asumirá pagos urgentes por un importe superior a los 20.000 euros para hacer frente a las necesidades más inmediatas de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio tras la excomunión de las religiosas de la comunidad clarisa.

La exabadesa, Laura García de Viedma, remitió la pasada noche a través de correo electrónico a la comisión gestora facturas y nóminas de empleados, que ahora serán estudiadas con detenimiento, ha indicado el Arzobispado de Burgos en un comunicado remitido este miércoles. Son facturas de servicios prestados con anterioridad al nombramiento de Iceta como comisario pontificio, por importe total aproximado de unos 11.000 euros, relativos a mantenimiento eléctrico, cartonería y materia prima para la elaboración de productos de repostería.

La comisión gestora hablará con los suministradores y se hará cargo del pago de las facturas de servicios y suministros ordinarios, además de las correspondientes a servicios precontratados que se estiman necesarios para la vida ordinaria de la comunidad, han indicado. También del pago de las once nóminas remitidas por el convento, por un importe aproximado de 9.800 euros, y de las obligaciones de la Seguridad Social correspondientes.

Dada la insuficiencia de saldos en las cuentas bancarias asociadas al monasterio, que ya puso en evidencia Iceta el pasado lunes, los pagos se realizarán a partir de aportaciones de fondos de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu, a la que pertenece la comunidad de Belorado. La comisión gestora ha indicado que se ha requerido de nuevo a la exabadesa toda la información económica, laboral y fiscal necesaria para que pueda actuar conforme al mandato dado por la Santa Sede con el nombramiento de un comisario pontificio, con plenos poderes religiosos, económicos y patrimoniales.