La cúpula fiscal afronta dividida este martes una cita crucial para fijar una postura sobre si el expresident catalán Carles Puigdemont y el resto de líderes independentistas implicados en el procés deben ser amnistiados de todos sus delitos y las ordenes de detención nacionales retiradas. Sobre la mesa hay dos posturas enfrentadas.
Los cuatro fiscales del Supremo que participaron en el juicio del procés abogan por dejar fuera la malversación, dado que -sostienen- la ley excluye los actos que «implican un enriquecimiento personal o un beneficio patrimonial» y además afectó a los intereses financieros de la Unión Europea y este es uno de los puntos que la norma excluye del perdón, por lo que entienden que tampoco se pueden alzar las órdenes de detención nacional.
Una tesis de la que discrepa frontalmente el fiscal general, Álvaro García Ortiz, que niega que esos intereses económicos comunitarios se viesen afectados y que rechaza asimismo que hubiese «ánimo de enriquecimiento» personal en ese empleo de dinero público para el referéndum del 1-O, por lo que es partidario también de levantar las ordenes de detención.
La Junta de Fiscales de Sala, el principal órgano asesor del fiscal general, está compuesta por 37 fiscales más el jefe del Ministerio Público. Sobre el papel hay 17 que pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales, de la que es afiliado García Ortiz, otros 9 son miembros de la conservadora Asociación de Fiscales mientras que 11 fiscales son no afiliados, si bien este panorama no presupone certeza alguna por el mar de fondo que afecta a la Fiscalía.
En particular, por la investigación por revelación de secretos a raíz de una querella de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Diaz Ayuso que amenaza con acabar con García Ortiz investigado por el Supremo, tras haber asumido la responsabilidad en esta cuestión.
Pese a todo, el último precedente en una Junta, precisamente por esta querella, respaldó la posición del fiscal general y diversas fuentes consultadas por EFE apuntan a que su postura con la amnistía prevalecerá.
Y si, tras la Junta, en la que la última palabra la sigue teniendo García Ortiz, se mantiene el criterio del fiscal general, los cuatro fiscales se apartarán de la causa. Después, el Supremo deberá decidir cómo afecta la ley de amnistía a los respectivos procedimientos.
La malversación afecta a los cuatro condenados que cumplen penas de inhabilitación por este delito -el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa- y también a tres de los fugados que no llegaron a ser juzgados por ello -el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig, procesados por malversación y desobediencia y sobre los que pesan, además, las órdenes de detención nacional.
2 comentarios
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Que Junts hiciera un uso indebido del dinero de los fondos europeos es totalmente cierto, al usarlo para financiar la compra de cajas de plástico y los gastos que conllevaron el referéndum, ¡¡PERO TAMBIÉN ES CIERTO QUE REPUSIERON TODO EL DINERO EN MENOS DE UNA SEMANA PAGADO A ESCOTE POR TODOS LOS QUE TRABAJARON PARA DICHO REFERÉNDUM!! con lo cual los fondos europeos no se vieron afectados. ¡Y si los jueces lawfare de España le acusaron de malversación fue porque intencionadamente Rajoy cambió la Ley de Malversación que antes indicaba que si se llevasen la pasta a los bolsillos de los políticos era malversación, pero si no se lucrasen con ello y lo destinaran a otros menesteres que no eran los que tenían que utilizar ese dinero ¡¡ERA PREVARICACIÓN!! un delito civil NO penal, que no conlleva cárcel. Y el PP metió la malversación con la prevaricación y solo existía malversación ¡Precisamente lo hizo para culpar a los del Procés y a los de los ERES!. Por eso no pudieron condenar a Chaves pues fue imputado con anterioridad y por lo mismo si a Griñán. Pero el delito de Malversación el Gobierno lo devolvió a como siempre estuvo separando malversación de prevaricación ¡Y los reos se pueden acoger a la Ley que más le convenga! eso si condenaran a Puigdemont, que por ahora está amnistiado. Ese es el nivel de ciertos jueces los LAWFARE españoles, que por una parte condenan por todo a unos y a los del PP-Vox les van archivando casos, eso que hace G. Castellón, ariete de la derecha contra el Procés y que ha archivado más de 40 casos del PP, muchos anulados por el TS y condenados los responsables. LA DECISIÓN ESTUVO TOMADA "PACTOS DEL MAJESTIC CON CIENTOS DE REGALOS A CATALANES Y VASCOS, A CAMBIO DE LA MONCLOA ¡incluidos sacar a la calle a 15 terroristas de Terra Lliure!. Nada nuevo en la viña política del Señor.
LA DECISIÓN ESTA TOMADA desde hace MESES. AMNISTÍA A CAMBIO DE MONCLOA.