El juez investiga el aumento patrimonial de 1,5 millones en dos años de Koldo García

Estas adquisiciones habrían tenido lugar «apenas cinco meses más tarde» de que se produjesen diversas adjudicaciones públicas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, sociedad investigada en la causa que dirige el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno sobre una presunta trama de cobro de comisiones en contratos de compra de mascarillas en pandemia, que habría perjudicado a varias administraciones.

Una causa por la que Koldo García y otros investigados como el presidente del Zamora CF, Víctor Aldama, o el empresario Iñigo Rotaetxe se encuentran en libertad con la prohibición de salir de España, entre otras medidas cautelares. También está imputado el hermano del exasesor de Ábalos. En uno de los autos en los que el juez decretó esas medidas cautelares, al que ha tenido acceso EFE este viernes, el juez alude a los puntos principales de la querella que interpuso en 2022 la Fiscalía Anticorrupción, tras estudiar una denuncia del PP de Madrid sobre estos hechos.

Al destacar el incremento patrimonial de Koldo García y su mujer, que fue una de las detenidas este martes por la Guardia Civil y salió en libertad, Anticorrupción también pone bajo sospecha «el aumento de ingresos en efectivo en general» y «llama la atención que disminuyan las disposiciones de dinero en efectivo, lo que denota la posible existencia de otra fuente financiera de origen desconocido». Observa asimismo un «incremento sustancial de sus aportaciones a hipotecas y préstamos a partir de diciembre de 2020», ligadas a la adquisición de tres inmuebles en la localidad de Benidorm.

Uno de ellos, explica el auto, se adquiere a nombre de su hija menor por 115.000 euros sin constituir hipoteca: 11.500 euros se abonan en metálico, sin que la Fiscalía encuentre disposición en efectivo que lo justifique, y el resto con cuatro cheques a favor de los vendedores, utilizando para ello de los fondos de una cuenta a nombre de la hija «donde se habían ingresado dos días antes de la compraventa» hasta elevar su saldo a 110.023 euros.

Ese dinero procedería presuntamente de dos préstamos, uno de ellos del hermano de Koldo García, traspasos ordenados desde su cuenta y fondos aportados por el exasesor de Ábalos y su mujer entre los que se encuentra una donación de 90.000 euros en efectivo «y de la que no se ha encontrado movimiento bancario alguno».

El juez Ismael Moreno investiga en esta causa delitos de organización criminal, blanqueo o cohecho, entre otros, que se habrían cometido presuntamente en el marco de adjudicaciones irregulares en 13 contratos de emergencia relacionados con el COVID-19 y formalizados por la Administración. Tres de ellos fueron adjudicados a la sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas. Entre las supuestas irregularidades denunciadas por el PP figura la ausencia de relación entre la actividad social de la empresa adjudicataria y el objeto del contrato, la falta de comprobación de su solvencia y «una cifra de negocio 0» en 2019 frente a 53,13 millones en 2020 por las adjudicaciones, que se realizaron mediante el trámite de urgencia.