Trabajo, sindicatos y empresarios se reúnen esta semana para intentar desatascar la reforma de los subsidios por desempleo

El foco del debate se centra ahora en cómo debe cotizar esa ayuda de cara a la jubilación. En Podemos creen que la reforma introducía recortes en las pensiones de estos desempleados, algo que en Sumar niegan categóricamente. En medio están los sindicatos, que coinciden en su desacuerdo con el sistema de cotización que introducía la norma decaída, pero proponen fórmulas distintas para resolver el problema.

Por su parte, la patronal pone el foco en que el texto sea útil para que estos parados -muchos de ellos de larga duración- puedan volver a reincorporarse en el mercado. Una visión próxima a la del Ministerio de Economía, que pide una reforma equilibrada y sostenible que combine protección con fomento del empleo.

El motivo de discusión se centra en si la reforma supone o no un recorte en la pensión de jubilación de los parados que reciben esta ayuda, que solo tienen derecho a percibir quienes han agotado su prestación contributiva y cumplen una serie de requisitos de renta. En juego está el futuro de una renta prácticamente de subsistencia con la que viven unos 700.000 parados españoles, la mayoría desempleados de más de 52 años con muchas dificultades para reincorporarse al mercado laboral .

¿Recorte o no recorte?

Actualmente los perceptores de esta ayuda cotizan a la Seguridad Social por un 125% de la base mínima, que es equivalente al salario mínimo. Es decir, aunque reciben una ayuda de 480 euros al mes, a la hora de calcular su pensión la Seguridad Social les aporta un plus para reforzar su prestación, que si no sería más baja. Esto se traduce en que, pese a que la ayuda es de 480 euros al mes, de cara a la jubilación cotiza como si fuera de 1.575 euros (el salario mínimo en 2023 mas un 25% adicional).

La reforma —que se cerró tras una dura negociación en la que los ministerios de Trabajo y Economía tuvieron que hacer concesiones importantes— planteaba eliminar esa sobrecotización progresivamente hasta situarla en el SMI en 2028. En 2024 se reduciría al 120%, en 2025 al 115%... y así hasta alcanzar el 100% del salario mínimo en cuatro años.

Si aplicamos esos porcentajes al salario mínimo actual —todavía en 1.260 euros en 12 pagas en 2023— la base mínima de cotización con la reforma se situaría en 2028 en 1.260 euros al mes, 315 euros menos que en el sistema actual. A la hora de la jubilación, esto se traduciría en una pensión más baja, aunque la minoración depende del tiempo que se haya estado percibiendo esta ayuda (un máximo de 30 meses). Además, hay que tener en cuenta que la prestación por jubilación se calcula actualmente con los últimos 25 años cotizados, lo que diluye el efecto de la bajada.

Sin embargo, es de esperar que el salario mínimo siga subiendo en los próximos años. En consecuencia, la base mínima irá en ascenso y, con ella, también la pensión de los perceptores del subsidio. La cuestión reside, por tanto, en si las subidas del SMI que se acometan en los próximos años serían suficientes como para compensar la reducción en la base mínima. Algo que parece poco probable. Para ello, la retribución mínima legal tendría que aumentar un 25% entre 2023 y 2028.

Podemos cree que eliminar esta sobrecotización es un recorte. Sumar lo niega y acusa a los morados de tumbar toda la reforma, que incluía mejoras en la cuantía del subsidio y los incentivos al empleo, por inquinas partidistas. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, sostuvo el pasado viernes que la decisión de los morados "ha supuesto que los desempleados hayan perdido 90 euros y que se hayan quedado desprotegidos los eventuales agrarios y los menores de 45 sin cargas familiares".

Trabajo defiende que eliminar esta sobrecotización tiene sentido porque suponía un "parche" que se introdujo cuando había "salarios mínimos de hambruna". Siguiendo ese razonamiento, ya no sería necesario bonificar con un 25% extra las cotizaciones de estos desempleados, dado que el salario mínimo ha subido el doble que ese porcentaje en los últimos cinco años.

Diferentes soluciones

Los sindicatos están de acuerdo en que acabar con la sobrecotización implica una pensión más baja para los parados que cobran el subsidio, aunque eluden hablar abiertamente de recorte. Ya lo advirtieron cuando se aprobó el decreto en Consejo de Ministros a finales de diciembre y lo volvieron a subrayar la semana pasada. Las dos centrales sindicales se plantarán la semana que viene en la mesa con fórmulas distintas para salvar este obstáculo.

La posición de UGT la deslizó el pasado jueves su secretario general, Pepe Álvarez, en un encuentro con periodistas. El sindicalista reconoció la paradoja que supone que un trabajador mayor de 52 años que cobra el SMI cotice menos que alguien que cobra un subsidio mucho menor. Para resolver el agravio comparativo, el líder ugetista planteó que el Estado garantice a todos los trabajadores mayores de 52 años una cotización de al menos el 125% de la base mínima. Además, el sindicato propondrá eliminar el Iprem como referencia para calcular las ayudas públicas y sustituir ese indicador por el umbral de la pobreza, que ya se usa para calcular el importe del ingreso mínimo vital.

La visión de CCOO parece más cercana a la del Ministerio de Trabajo. Su líder, Unai Sordo, se mostró muy crítico con la postura de Podemos y calificó de "despropósito" la no convalidación del decreto. Sordo recuerda que la sobrecotización del 125% se implantó cuando el SMI "era mucho más bajo" y cree que este tema "puede abordarse sin perjudicar a la pensión futura" de los beneficiarios. El líder sindical es más ambiguo y llama a "buscar una fórmula que acomode esa adaptación de las cotizaciones a las subidas futuras del SMI".

Más allá de la sobrecotización, CCOO propondrá elevar el Iprem para mejorar las cuantías de los subsidios y mejorar la prestación a la que tienen derecho los parados que trabajaban con contrato parcial, un 12,5% de los que perciben el subsidio actualmente. Esta última propuesta es compartida con UGT. Los dos sindicatos pedirán también que se revise la decisión de derivar hacia el ingreso mínimo vital a unas 120.000 personas que cobran prestaciones asistenciales, cuya protección no ven garantizada.

Patronal y Economía ponen el foco en los incentivos

En el otro lado del diálogo social se encuentran los empresarios. Fuentes de la patronal consultadas por este periódico trasladan que la negociación empieza ahora de cero porque hasta ahora había sido inexistente. Además, sin entrar en más detalles, añaden que en CEOE ven fundamental que el diseño de la ayuda sirva para reactivar a los desempleados.

El cuarto actor en liza es el Ministerio de Economía, que todavía no ha comunicado si asistirá o ha sido convocado a la reunión. El departamento que dirige Carlos Cuerpo tuvo tensos enfrentamientos durante la era Calviño con la vicepresidencia segunda de Yolanda Díaz por el diseño de la ayuda, que se solventaron con cesiones desde ambas partes.

Interrogado el viernes sobre si la reforma introduce recortes o no, el ministro Cuerpo echó balones fuera y se limitó a comentar que la reforma debe ser "equilibrada" y "sostenible en el tiempo" y además debe combinar la protección con el fomento de la transición hacia el empleo. En el ministerio que coordina la política económica del país creen que el enfoque de la ayuda debe pasar de subsidiar a apoyar el empleo y contribuir a atajar el desempleo estructural.