España no someterá a votación la oficialidad de las lenguas en la última opción de hacerlo

José Manuel Albares, Ministro de Asuntos Exteriores. | Archivo

EfePalma11/12/23 18:37Actualizado a las 20:34
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España, que este semestre ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea y por tanto marca la agenda de las reuniones, ha decidido que este martes no someterá a votación la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, en el último encuentro en el que podía hacerlo. Mañana se reunirán en Bruselas los ministros de Asuntos Europeos en un encuentro en el que volverán a tratar el tema pero no votarán la reforma del reglamento sobre la oficialidad de las lenguas de la UE, según la última versión de la agenda, que ya no sufrirá cambios, dijeron a EFE fuentes diplomáticas. Desde que España planteó la petición para cambiar el reglamento en agosto porque la oficialidad del catalán era una demanda expresa de JxCAT para apoyar la investidura del presidente Pedro Sánchez -que ya ha conseguido- la cuestión se ha tratado en todas las reuniones que han mantenido los ministros de Asuntos Europeos.

La medida debe aprobarse por unanimidad y hasta ahora, la gran mayoría de países europeos no ha mostrado gran interés en reformar el reglamento, alegando dudas legales, económicas y políticas, especialmente de Francia y de los socios del este, que temen que sus minoría rusoparlantes reclamen la oficialidad del ruso. Para vencer las reticencias, España se ha comprometido a asumir el coste de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE, que según una estimación preliminar de la Comisión Europea sería de 132 millones de euros, aunque Bruselas aclara que la cuantía podría cambiar. Bruselas ha llegado a esa conclusión tras multiplicar por tres los 44 millones de euros que cuesta actualmente la traducción y la interpretación al gaélico.

Pero el coste definitivo dependerá del número de traductores e intérpretes que se tengan que contratar para cada idioma, de los sistemas de traducción automática que existan para cada uno de ellos y de los periodos de transición que se pactasen hasta que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego fuera completa. Además de asumir el coste de la medida, el Gobierno ha querido tranquilizar a sus socios asegurando que este es un asunto que se circunscribe únicamente al caso español, sin que se pueda extrapolar al resto de países de la UE. Ha insistido en que el catalán, el euskera y el gallego son «originarias de un Estado miembro», cuentan con reconocimiento constitucional en España y son lenguas de trabajo en el Parlamento nacional de un país de la UE, cambio que en España llegó precisamente a raíz de las negociaciones de investidura tras las elecciones del 23 de julio.

También ha señalado la existencia de acuerdos administrativos con más de diez años de recorrido para que estas lenguas puedan usarse en varias instituciones de la UE y el hecho de que los tratados europeos están traducidos a los tres idiomas. El Gobierno está elaborando un nuevo informe para incidir en estos puntos, según fuentes diplomáticas. Es de esperar que la petición para cambiar el reglamento número 1 sobre la oficialidad de las 24 lenguas de la UE pierda fuelle cuando Bélgica asuma la presidencia rotatoria el próximo 1 de enero, cogiendo el testigo de España. «Esperemos que este sea el último Consejo de Asuntos Generales en un tiempo en el que tengamos que abordar esto», dijo otra fuente diplomática, mientras que otros países han mostrado su sorpresa por el hecho de que la cuestión vuelva a tratarse mañana.