PSOE y PSC advierten a Junts y ERC que con referéndum «no hay avance posible»

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Por último, el PSOE y PSC han concluido el comunicado recalcando que en las últimas elecciones generales, la sociedad catalana en particular, y la española en su conjunto, «han apostado de manera amplia por un gobierno progresista que continúe la senda de diálogo, acuerdos y concordia iniciada hace cuatro años, y no por mirar al peor pasado sino por seguir construyendo juntos un futuro mejor». Así se han pronunciado los socialistas después de que ERC y Junts hayan pactado una propuesta de resolución para el Debate de Política General (DPG) que insta al Parlament a dar su aval a que los partidos catalanes no apoyen la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, si «no se compromete a trabajar para hacer efectivas las condiciones» para celebrar un referéndum. En el discurso inicial del Debate de Política General, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ya instó a Sánchez a fijar las bases para celebrar un referéndum la próxima legislatura y defendió poner sobre la mesa esa condición en la negociación.

En su propuesta conjunta, los republicanos y Junts defienden que la resolución del conflicto político en Cataluña «pasa por la vía política y democrática», y piden el apoyo de la Cámara catalana a un referéndum de independencia. «De esta forma, el mandato que salió del referéndum del Primero de Octubre de 2017 podrá ser sustituido por un nuevo referéndum acordado con el Estado», sigue el texto. Por otro lado, ERC, Junts y la CUP han transaccionado una propuesta que apoya una ley de amnistía para los procesados en causas «en relación a la defensa del derecho a la autodeterminación». «El Parlament de Cataluña defiende la necesidad de una ley de amnistía para dejar sin efecto lo que se había tipificado como infracción penal o administrativa, en relación a la defensa del ejercicio del derecho a la autodeterminación de Cataluña», dice el texto, siguiendo la propuesta inicial de ERC. A renglón seguido, y tal y como defendía la CUP, el texto reclama partir de la proposición de ley registrada en 2020 en el Congreso de los Diputados por CUP, ERC y Junts con el apoyo de entidades catalanas, y que la Mesa de la Cámara baja inadmitió.