Las declaraciones que han motivado la recusación se enmarcan en una intervención de Llarena del pasado 11 de septiembre, en la Facultad de Derecho de Burgos, donde señaló que hay que plantearse si la Constitución «permite o no la amnistía» y, posteriormente, valorar si esa eventual ley «es legítima o si se justifica». En su escrito, el abogado Gonzalo Boye critica que la «falta de imparcialidad» de Llarena le lleve «a cuestionar, incluso, la legitimidad de las normas que puedan llegar a gestar, o no, los representantes de la soberanía popular» y que se pronuncie sobre una ley que «ni tan siquiera existe». También afea el letrado a Llarena que opinara sobre la necesidad de una norma, lo que a su parecer supone «adentrarse mucho en la exposición de una absoluta falta de imparcialidad».
Según el escrito, las manifestaciones de Llarena «son suficientemente claras» respecto a una ley que ni siquiera ha arrancado su trámite parlamentario y que «excede de sus funciones jurisdiccionales». «Igualmente, tales pronunciamientos adelantan una postura sobre cómo, en el hipotético caso de aprobarse por el Poder Legislativo una norma de estas características, el Excmo. Magistrado Instructor hará lo que esté en sus manos para impedir su aplicación a este caso concreto», insiste Boye. Para el letrado, la imparcialidad judicial es «una exigencia obligada» que deriva del Convenio Europeo de Derechos Humanos, del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del artículo 24 de la Constitución.
Por ese motivo, considera que la jurisprudencia «claramente obliga a un examen detenido de las circunstancias que concurren» en el caso de Llarena tras sus manifestaciones públicas. Boye recuerda en su escrito que el magistrado recusado «ha dictado numerosas resoluciones judiciales» en las que ha puesto de manifiesto su «evidente parcialidad», a lo que se suma el hecho de que recientemente aceptara una distinción de la Fundación Villacisneros, «de extrema derecha», por su actuación en la causa del procés. Por otra parte, el abogado ha presentado un recurso contra la resolución que dictó Llarena emplazando a Puigdemont a justificar si ha recurrido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que le restablezca su inmunidad como parlamentario, que una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) le retiró. En ese sentido, Boye replica a Llarena que no existe «norma legal alguna» que lo habilite para requerir ese tipo de información y que, en todo caso, esa petición debería cursarse a través de una resolución motivada.
4 comentarios
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es decir que si yo robo comida de un supermercado porque mi familia pasa hambre, me detienen y cárcel; alguien que monta una república y roba fondos públicos es un héroe y todos a besarle los pies. Como sociedad si lo permitimos exijo un meteorito bien grande
O sea que un delincuente pide que se aparte al Juez, nada mas y nada menos... Y cuidado no lo consiga, ya será de ver, o no?
¿Apartarle por hacer su trabajo? Mare de Déu, ón s'ha vist!
Entre un Magistrado de contrastado prestigio y un político de medio pelo y prófugo de la justicia, no hay color. Puigdemont sigue en Bélgica y ponte a trabajar ya. Deja de vivir del aire y de los ignorantes que te pagan el retiro dorado.