Familiares y víctimas del accidente del Alvia durante la ofrenda en la curva de Angrois, en el décimo aniversario del mortal siniestro. | Efe - Lavandeira jr

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El abogado del maquinista Francisco Garzón alega que su defendido «no es responsable de la negligencia de Adif», la empresa pública cuyo ex director de seguridad está procesado en el juicio por el accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) en julio de 2013. Al contrario, el letrado considera al conductor «una víctima».

Así lo ha afirmado en su intervención durante la última sesión del juicio, que este jueves ha concluido con los informes finales de las dos defensas: la de Garzón y la del ex responsable de seguridad de Adif Andrés Cortabitarte. El letrado de Garzón, que se opone a las acusaciones contra el maquinista al entender que los hechos que propiciaron 80 muertes y 145 heridos en la curva de A Grandeira «no son constitutivos de delito», ha cargado inicialmente contra el «relato» de Adif, por los «sesgos».

De este modo, lo ha contrapuesto a la «línea coherente y real desde el principio» por parte del trabajador de Renfe, que habló «libremente desde el mismo instante en que se produjo el siniestro». «Otra cuestión», según ha advertido, «es que se hayan retorcido» sus palabras por parte de quien este abogado entiende «responsables del siniestro, para crear la apariencia de infracción». En este sentido, ha subrayado, a modo de ejemplo, que «los trabajadores no tienen que ir viendo el paisaje ni tomando referencias del mismo».

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Deben fijarse «únicamente» en las señales instaladas en la vía «e interpretar su orden sin ambigüedad y sin tener que hacer deducciones extrañas y contra natura», ha resaltado. Para la defensa de Francisco Garzón, la «falta de análisis y mitigación de los mismos», también «la falta» de señalización en la curva y «de protección del tren», así como el «deficiente cuadro de velocidades máximas» y la «deficiente formación» del maquinista motivaron el descarrilamiento. En este sentido, ha criticado que la línea entre Ourense y Santiago fuese puesta en servicio en «condiciones inseguras de explotación», cuando Adif «tenía el deber de garante».

Al fiscal le ha dirigido varios reproches, como que «omite que Garzón era un trabajador de Renfe» y «tiene unos derechos laborales» y que alega que la normativa era «un galimatías» pero «no lo era» así para «sus compañeros de Valencia», por el juicio por el accidente de metro de aquella comunidad. Asimismo, este abogado ha opinado que era la operadora «la que tenía que haber parado sus trenes, y no sus trabajadores», ante «el peligro de la curva», que «era un clamor».

La «obligación de realizar una evaluación de riesgo no nació en julio de 2010», sino que «existe desde la directiva de seguridad» de 2004, según ha advertido. Y «no es una solución decir que exporto el riesgo y ya está», toda vez que el peligro de exceso de velocidad en una curva «solo Adif puede controlarlo».

«Adif ni evaluó ni gestionó el riesgo intolerable. Esta es la causa raíz del accidente. Siendo previsible el error humano de cualquier maquinista», ha sostenido. En una exposición más larga que la del abogado del ex director de seguridad, este letrado ha traído a colación afirmaciones de numerosos comparecientes -peritos y testigos- a lo largo de estos casi 10 meses de vista oral. El riesgo «intolerable» de Angrois fue «creado por Adif», según ha incidido ante la mirada atenta del maquinista, sentado a su lado, y citando circunstancias concretas sobre la señalización y el cuadro de velocidades máximas, entre otras.