El Gobierno gastará 5 millones en el nuevo organismo para investigar los accidentes de avión, tren y barco

No obstante, el incremento de gasto público que contempla el Gobierno al crear esta autoridad es de 1,8 millones, al descontar de esos 4,79 millones los 2,966 millones que se verían eliminados de las comisiones actuales. La intención del Gobierno es que la autoridad se autofinancie mediante las tasas de seguridad aérea, de prestación de servicios y realización de actividades en materia de seguridad ferroviaria y de ayudas a la navegación. Hasta que esto ocurra, se mantendría un sistema de doble financiación a través de estos tributos y de las aportaciones contempladas en los Presupuestos Generales del Estado.

La fórmula, según el Gobierno, supondría finalmente una reducción de 570.250 euros respecto a los actuales presupuestos de las comisiones de investigación vigentes. Por lo que respecta a la participación en las tasas, se estima necesario destinar a la Autoridad un 2,303% del importe recaudado por cada uno de los impuestos.

El nuevo órgano estará formado por un consejo compuesto por seis consejeros que provengan de los tres ámbitos que la autoridad investiga, como son el marítimo, el aéreo y el ferroviario, que serán sometidos un «estricto régimen de incompatibilidades». Los miembros del consejo serán nombrados a propuesta de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Dos de los consejeros deben ser expertos en el sector marítimo, dos en el aéreo y otros dos en el ferroviario. El nombramiento del presidente deberá contar con la conformidad de la Comisión competente del Congreso de los Diputados. En el caso de los consejeros o consejeras, dicha Comisión parlamentaria tendrá capacidad de veto.