Arranca el juicio a Laura Borràs por los contratos a dedo a un amigo

Borràs se sienta en el banquillo acusada de adjudicar contratos a dedo a un amigo, en un juicio que se le puede complicar si prospera el pacto de la Fiscalía con el beneficiario de dichos contratos para que delate a Borràs. La Fiscalía pide para Borràs seis años de cárcel, 21 de inhabilitación y una multa de 146.000 por los delitos de prevaricación y falsedad el documento mercantil. El ministerio público acusa a la presidenta de Junts de haber fraccionado contratos para adjudicárselos a su amigo, el informático Isaías H., entre marzo de 2013 y febrero de 2017, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), en una causa que le costó su suspensión como presidenta del Parlament por un artículo de la cámara que obliga a apartar a los diputados que estén a la espera de juicio por casos de corrupción.

La misma pena de cárcel pide la Fiscalía para Isaías H., adjudicatario de los 18 contratos de la ILC y cuya estrategia de defensa puede oscurecer el escenario penal de la presidenta suspendida del Parlament si fructifica el pacto que ha negociado con la Fiscalía Anticorrupción para inculparla a cambio de una rebaja de pena que evite su ingreso en prisión. Isaías H. seguiría así los pasos del técnico de la ILC que hace unos meses llegó a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para inculpar a Borràs, tras lo que acabó exculpado del caso. Este funcionario, que estuvo a las órdenes de Borràs en la ILC, pidió voluntariamente declarar ante el juez instructor Josep Seguí, al que entregó dos audios comprometedores para la defensa de la presidenta suspendida del Parlament y un informe de la Intervención General que avisaba del abuso de la contratación menor en la ILC. Junto a la líder de Junts e Isaías H., en el banquillo se sienta también Andreu P., quien afronta tres años de cárcel por elaborar facturas para el amigo de Borràs que presuntamente permitieron enmascarar las irregularidades en la contratación.

El abogado de Borràs, que da por hecho que Andreu P. también ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía, ha reaccionado ya al supuesto pacto y, en un duro escrito remitido al TSJC, ha pedido ser el último letrado en intervenir en el juicio para poder defenderse de las acusaciones «compensadas, bonificadas o pagadas» de los otros dos acusados. El juicio, que se reanudará el 20 de febrero con la previsión de que dure hasta marzo, se ha iniciado con el trámite de cuestiones previas, en el que las defensas expondrán su munición legal para lograr la absolución de los acusados, esgrimiendo para ello supuestas irregularidades procesales que conducirían a la nulidad o el archivo de la causa. Uno de los puntales de la defensa de Borràs, ejercida por el abogado Gonzalo Boye -que también lo es de Carles Puigdemont- es plantear la nulidad de los correos electrónicos que figuran en la causa, principal indicio que según el TSJC sustenta la acusación contra la presidenta suspendida del Parlament.

Los correos y conversaciones telefónicas en que se basa la acusación contra Borràs provienen de una investigación por tráfico de drogas y falsificación de moneda que los Mossos d'Esquadra abrieron en 2017 a su amigo Isaías H., condenado a una pena de cinco años de cárcel que la justicia le suspendió. «Yo tengo una de marrones, buff, hombre, claro, porque yo con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, facturo unos trapis allí», apuntaba Isaías H. en una conversación telefónica de noviembre de 2017 intervenida que provocó que la policía catalana centrara sus sospechas en la ILC. Otro de los correos que obran en la causa lo envió la propia Borràs a su amigo: «El presupuesto tiene que quedar como si fueseis profesionales independientes por los totales, que no pueden superar, como ya sabes, los 18.000+IVA. Si ven que lo que se ha hecho es fraccionar un encargo completo en distintos paquetes es cuando entonces piensan que hay una infracción. La cuestión es fraccionar, pues (...)».