La propuesta de Justicia para enmendar la ley de Igualdad

Una de las opciones que se contemplan, según fuentes de Moncloa, es la vuelta a las penas anteriores a la ley del sólo sí es sí, aunque el Ministerio de Igualdad rechaza volver al modelo anterior y advierte de que supondría hacer pasar a las víctimas por «un calvario probatorio». Las rebajas de condenas a agresores sexuales tras la entrada en vigor de la ley de garantía integral de la libertad sexual preocupa a los socios de gobierno y ambos partidos -PSOE y Unidas Podemos- quieren contribuir juntos a resolverla, aunque no coinciden en la manera de hacerlo. Sin concretar plazos, Bolaños ha destacado que el Ejecutivo busca una reforma con «todo el rigor técnico y jurídico que permita paliar los efectos indeseados de la ley» y que sea «absolutamente impecable».

«Queremos que en el conjunto del Gobierno seamos conscientes de que queremos corregirla con todo rigor de la mano de los expertos, de los catedráticos y los magistrados», ha recalcado el ministro. Y ha sostenido que el consentimiento seguirá «en el centro» de la norma. «No podemos permitir que en los juicios se pregunte a las mujeres si se resistieron lo suficiente o cómo iban vestidas. El consentimiento es nuclear», ha afirmado.

Bolaños ha insistido en que «la inmensa mayoría de la ley del solo sí es sí es positiva para las mujeres», pero se quieren corregir esos «efectos indeseados, que nadie quería, en la aplicación de la ley y que están generando una preocupación social que comparte el Gobierno.» «Estamos trabajando con todo el rigor, hay propuestas encima de la mesa que estamos analizando», ha dicho. Desde Igualdad, advierten por su parte de que ninguna reforma penal de la ley «puede frenar las revisiones» de condenas ya que son consecuencia «de la incorrecta aplicación del derecho transitorio y de la propia ley», y alertan de que volver al modelo anterior supondría hacer pasar a las víctimas por «un calvario probatorio».

La ministra Irene Montero ha defendido el espíritu de la ley del sólo sí es sí, que modificó el Código Penal para suprimir la distinción entre abuso y agresión sexual y que hace del consentimiento expreso la clave para juzgar delitos sexuales. «Es imprescindible frenar cualquier intento de la derecha para volver al modelo anterior, basado en la violencia y la intimidación y que exigía a las mujeres pasar por un calvario probatorio para poder demostrar las violencias sexuales ejercidas contra ellas», han señalado fuentes de Igualdad.

Para proteger a las víctimas de violencias sexuales e implementar de forma eficaz la ley, este departamento ha propuesto un plan de diez medidas urgentes que van desde la especialización judicial a la formación en violencias sexuales o el incremento de efectivos para la protección de las mujeres. Preguntada por esta propuesta de Igualdad, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha puntualizado que «cualquier recurso adicional es bienvenido, pero en este caso de lo que estamos hablando es de que en la aplicación se ha producido una interpretación distinta de las penas que estaba permitiendo en algunos casos su revisión a la baja». Y ha subrayado que «lo problemático no ha estado tanto en los recursos sino en la interpretación que se ha hecho del régimen transitorio» en los pronunciamientos judiciales. «Es ahí donde está la raíz del problema, no en ningún otro asunto de la norma», ha recalcado la ministra.