En concreto, se refieren a la indicación dada el pasado 27 de octubre, por el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa --comité de expertos independientes establecido en virtud del artículo 25 de la Carta Social Europea-- que declaró admisible por unanimidad una reclamación colectiva contra España e instó a las autoridades españolas a adoptar «medidas inmediatas» en la Cañada Real Galiana. Según informó el propio Comité, las organizaciones querellantes alegan que los cortes de luz, iniciados en octubre de 2020 y que aún persisten, afectan a miles de habitantes de la Cañada Real Galiana en sus derechos a la protección contra la pobreza y la exclusión social, a la vivienda y a la no discriminación.
En particular, el organismo instó al Ejecutivo a «garantizar que todas las personas afectadas tengan acceso a la electricidad y la calefacción, teniendo en cuenta, en particular, las necesidades de los grupos vulnerables afectados (incluyendo niños, personas con discapacidades, personas con condiciones médicas, personas de origen extranjero, personas mayores y de etnia gitana)». Por otro lado, pide que España ofrezca «un alojamiento alternativo adecuado a las personas afectadas cuando no es posible garantizar con seguridad el acceso a la electricidad y la calefacción»; reclama que se garantice que todas las autoridades públicas pertinentes sean informadas de esta decisión y que se informe al Comité antes del 15 de diciembre de 2022 de las medidas previstas para ser implementadas.
El pasado martes, un grupo de representantes de los vecinos y vecinas de la Cañada Real Galiana viajaron hasta Bruselas para denunciar ante el Parlamento Europeo las condiciones en las que viven. La eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop y el eurodiputado Miguel Urbán acompañaron a la presidenta de Mujeres Tabadol, Houda Akrikez Essatty; a María López de la Usada, del equipo jurídico de la Plataforma Cívica 'Luz para la Cañada', y a Luz González Llamas, miembro de la 'Asociación vecinos sector 5'. Durante su visita, afirmaron que se sienten «totalmente discriminados». «La misma presidenta de la Comunidad de Madrid nos ha discriminado y estigmatizado», denunció Houda Akrikez.
El 2 de octubre de 2020 se cortó la luz a los sectores 5 y 6 de la Cañada Real y se inició un procedimiento por coacciones en la Audiencia Provincial de Madrid. Esta designó un perito independiente, quien señaló que Naturgy, con la connivencia de la Comunidad de Madrid, había puesto limitadores de potencia. «Esos limitadores hacen que no se pueda activar el suministro eléctrico», apuntó López. A la espera de las medidas que adopte el Ejecutivo, los 4.000 vecinos de la Cañada Real Galiana, 1.800 de ellos menores, se enfrentan a su tercer invierno sin electricidad y, por tanto, sin calefacción.
2 comentarios
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!!!Una vez se hayan inspeccionado todas las viviendas para comprobar si hay o no plantaciones de marihuana!!!LUZ VERDE PARA QUE NO PASEN FRIO!!!
El mayor supermercado de droga de toda Europa y el gobierno dando ultimátum, en su línea.