En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, destacó que este Real Decreto-ley representa el décimo paquete adoptado por el Ejecutivo desde junio de 2021 para proteger a las familia y al tejido industrial, acelerar la transformación del sistema energético y reaccionar a la crisis motivada por Rusia. Asimismo, subrayó que este nuevo paquete de medidas, que insistió que introduce unas nuevas tarifas para los consumidores «temporales y extraordinarias» ante el actual contexto de crisis energética, afecta a un total de 18 de las 73 recogidas en el plan de contingencia aprobado la pasada semana para hacer frente a este otoño/invierno, lo que hace que un total de 29 medidas «ya estén activadas».
En el caso concreto de la rebaja para las facturas de las calefacciones comunitarias, esta extensión del esquema de protección de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural a una nueva TUR de ahorro vecinal beneficiará a 1,7 millones de hogares y se prevé que represente un 50% de ahorro en la factura. Esta nueva TUR, que en verdad incluye un total de ocho diferentes en función del consumo, obligará, eso sí, a que los consumidores que se beneficien de ella tengan instalados contadores individuales antes del 30 de septiembre de 2023, así como a tener sus calderas revisadas. Además, estará sujeto al descuento solamente el 100% del equivalente al consumo de los últimos cinco años, mientras que si se consume más de la media de esos últimos cinco años, el incremento de consumo paga la TUR4 más un 25%, con el objetivo de incentivar el consumo eficiente por parte de las comunidades de propietarios. «Es un ahorro que estimamos en el 40%. Calculamos cuál es el consumo medio de esa comunidad en los últimos 5 años, y al 70% de ese consumo le aplicamos un descuento del 40%; el 30% seguiría pagando el gas al precio que está en el mercado. Si la comunidad incrementara su consumo por encima del consumo medio, habría una penalización», indicó Ribera.
En lo que respecta al techo establecido por el Ejecutivo que impedía para la TUR1 y TUR2 -las de consumidores domésticos de gas natural- que el componente del gas natural subiera más de un 15% en cada revisión trimestral de la TUR, lo que suponía limitar el alza en el recibo a un máximo de en torno al 5%, también se amplia hasta el 31 de diciembre de 2023, cuando expiraba este próximo marzo. Así, según indicaron en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el déficit generado por estas medidas a partir del próximo mes de noviembre será asumido con cargo a los PGE. No obstante, el déficit acumulado por la limitación que estaba vigente en el caso de la TUR1 y 2 desde que se adoptó en octubre de 2021 hasta finales de este mes se deberá devolver como estaba previsto, con el abono de la diferencia por cada consumidor cuando finalice el periodo de vigencia de la medida. Además, el Gobierno limita la posible penalización para rescindir contratos de gas natural, incluyendo además la rescisión inmediata con ello de los posibles contratos vinculados de servicios.
FLEXIBILIZACIÓN DE CONTRATOS DE GAS PARA LA INDUSTRIA
Asimismo, se procede a prorrogar hasta diciembre de 2023 las medidas de flexibilización de contratos de gas natural para la industria y la minoración de los ingresos extraordinarios por efecto del gas natural, que aprobada en septiembre de 2021. De esta manera, la minoración del gas que puso en marcha hace más de un año el Gobierno para revertir parte de los beneficios extraordinarios obtenidos por las empresas generadoras a los consumidores, seguirá en vigor al menos hasta finales de 2023. Posteriormente, en marzo esta medida se reforzó extendiendo su aplicación también sobre la energía contratada a plazo a precio fijo con un precio de cobertura superior a los 67 euros/MWh; en el caso de coberturas entre sociedades de un mismo grupo empresarial se tendrá en cuenta el precio final comercializado.
REFUERZO DE LOS BONOS SOCIALES ELÉCTRICO Y TÉRMICO
Junto a estas medidas, el nuevo paquete aprobado, que viene a complementar el plan de contingencia, denominado Plan Más Seguridad Energética, que lanzó la pasada semana el Gobierno, refuerza los bonos sociales -eléctrico y térmico-, a los que pueden acogerse las familias vulnerables o numerosas. Así, se incluyen nuevos descuentos del 40% en la factura eléctrica para 1,5 millones de hogares trabajadores con bajos ingresos y se refuerza el actual bono social, al que están acogidos 1,3 millones de hogares. A esta nueva categoría de consumidor con derecho a un descuento del 40% en la factura de la luz se podrán acoger las familias con varios miembros (dos adultos y dos menores) cuya renta conjunta ascienda a casi 28.000 euros, así como aquellas personas que vivan solas y ganen poco más de 16.000 euros.
También cubre a dos personas que vivan juntas y ganen entre las dos 19.320 euros, dos adultos y un niño que junten 23.520 euros o un núcleo familiar de varios miembros cuya renta conjunta se quede en torno a esos 28.000 euros. También se da más flexibilidad para los consumidores, permitiendo la realización de modificaciones de la potencia contratada a autónomos y empresas con una flexibilidad superior a la actual hasta el 31 de diciembre de 2023. Igualmente, se aumenta el descuento para los consumidores vulnerables del 60% al 65%, se elevará del 70% al 80% el de los consumidores vulnerables severos y se incrementará un 15% la cantidad de energía con derecho a esos descuentos. Asimismo, se incrementan las ayudas del bono social térmico, que crece desde la horquilla de 35 euros a 350 euros al año -según la zona climática del beneficiario- hasta la horquilla de 40 euros a 375 euros al año, duplicando así su dotación presupuestaria.
MÁS TRANSPARENCIA EN LAS FACTURAS Y APORTACIÓN DEL MECANISMO IBÉRICO
Otro importante frente para el Gobierno es la transparencia en la información en las facturas energéticas. En este sentido, el Ejecutivo obligará a incluir en los recibos información sobre el consumo medio de consumidores en el mismo código postal, así como a dar información detallada (nomenclatura estandarizada y transparencia sobre el precio promedio de ajuste) sobre la aportación del mecanismo ibérico que se aplica desde el pasado mes de junio para topar el precio del gas para la generación de electricidad. Fuentes del Ministerio indicaron que prevén que estos cambios en la factura energética puedan ya incluirse a partir del próximo mes de diciembre y subrayaron que están motivados, entre otras razones, por el hecho de que se ha detectado en los últimos meses que algunas comercializadoras están explicitando el mecanismo ibérico de una manera que puede llevar a la confusión, cuando es una medida que en términos netos tiene un efecto positivo para el consumidor y que ha ahorrado en torno a 3.000 millones de euros desde su aplicación.
1 comentario
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El resultado es el mismo.. Antes se lo pagábamos a las empresas y ahora lo paga el estado vía presupuestos. También conlleva unos requisitos que siguen favoreciendo a las instaladoras, cambios de contadores etc..