El president de la Generalitat, Ximo Puig, a su llegada al último debate de política general de esta legislatura en Les Corts Valencianes. | Manuel Bruque

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El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado este martes una reforma fiscal que beneficiará a todos los que cobran menos de 60.000 euros, "la mayoría de la sociedad valenciana", pero que no incluirá "regalos fiscales a las fortunas" y mantendrá el impuesto de patrimonio. Durante su intervención en el debate sobre el estado de la Comunitat Valenciana, que ha durado una más de hora y media, Puig ha desgranado tres medidas fiscales "de calado" que beneficiarán de forma directa a 1.344.000 valencianos, que representan el 97,4 % de los contribuyentes de esta comunidad.

En concreto, ha adelantado que se va a aumentar en un 10 % la cuantía exenta de tributación a los ciudadanos, el máximo que permite la norma, lo que beneficiará a todos, aunque quienes superen los 60.000 euros de ingresos mantendrán su esfuerzo fiscal. La segunda medida es una nueva tarifa autonómica del IRPF en este ejercicio, con nuevos tramos adaptados a la situación actual, o que permitirá mejorar la progresividad del impuesto. Ha asegurado que solo por este concepto, rentas de 10.000 euros se ahorrarán un 21 % (94,5 euros); las de 20.000 se ahorrarán el 7,3 % (117 euros) y las de 30.000 se ahorrarán el 2,2 % (67 euros), mientras que las rentas superiores a 60.000 euros mantendrán su esfuerzo tributario. La tercera medida fiscal es la ampliación de las deducciones y bonificaciones fiscales, de manera que todas las deducciones aumentan un 10 %.

"También podrán acogerse más personas a todas las deducciones", ha manifestado Puig, ya que, a partir de ahora, pasarán de 25.000 a 30.000 euros las rentas que pueden beneficiarse de la deducción, y además esta reforma tendrá efectos retroactivos al 1 de enero de este año, por lo que se aplicará en la renta de 2022. La reforma fiscal valenciana supondrá un ahorro medio de 111 euros por contribuyente y un ahorro global de 149 millones a las familias, ha asegurado el presidente de la Generalitat. Para Puig, "ahora es el momento de un ajuste fiscal" centrado en ayudar a las rentas medias y bajas; fomentar la actividad económica y el empleo, y proteger a quienes más castiga la inflación, frente a otros lugares donde se "bajan los impuestos a los más ricos". El presidente ha afirmado que la Comunitat Valenciana mantendrá el impuesto de patrimonio por considerar que es "una aportación fundamental para mantener el estado de bienestar y contribuir a la progresividad fiscal". Ha destacado que quienes pagan este impuesto representan el 0,5 % de los valencianos, pero han aportado, en lo que llevamos de año, 187 millones, y gracias al trabajo de la inspección, se han alcanzado los 200 millones.

La síndica del PP, María José Catalá, ha expresando sus dudas sobre la aplicación en seis meses de la propuesta fiscal anunciada por el president, después de "siete años de gobernar subiendo impuestos", y le ha preguntado por qué no la hizo cuando se lo planteó el PP en octubre de 2021. "Si quiere una ambiciosa y verdadera propuesta de reforma fiscal, mañana llame a (Carlos) Mazón -presidente del PPCV- y el jueves tenemos aprobada una bajada de impuestos como necesita esta tierra", ha declarado Catalá, a lo que Puig ha replicado que está dispuesto siempre a dialogar, pero no a los "diálogos tramposos". La síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, ha calificado de "rácana y engañosa" esta reforma fiscal, pues "con 100 euros de ahorro al año es imposible que las familias puedan hacer frente a la crisis", y ha señalado que si se quiere ayudar "se deflacte el IRPF", mientras que la síndica de Vox, Ana Vega, la ha calificado de "muy pobre e insuficiente" si no se acompaña de una reducción de la Administración. Respecto a los socios de gobierno, la síndica de Compromís, Papi Robles, ha indicado que es una propuesta a la que le queda todavía "mucho recorrido" para que aporten más los que más ganan y así reciban más los que menos tienen, y el diputado de Unides Podem Ferran Martínez la ha calificado de "buen punto de partida" hacia la justicia fiscal y la progresividad.