El líder de Vox, Santiago Abascal y el presidente del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, asisten a la manifestación que ha tenido lugar este domingo en Barcelona para reclamar que el castellano también sea lengua vehicular en Cataluña al considerar que la no aplicación de la sentencia del TSJC que obliga a dar el 25% de las clases en español supone una vulneración de los derechos lingüísticos de los alumnos. | Toni Albir

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El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña para «que la legalidad sea restituida» y ha defendido que se mantenga el tiempo que haga falta hasta que se garanticen, dice, los derechos lingüísticos. Así lo ha defendido en declaraciones a los periodistas este domingo antes de la manifestación convocada en Barcelona por Escuela de Todos para defender el 25% de castellano en las escuelas de Cataluña bajo el lema 'Español, lengua vehicular'. Ha tachado al Govern de «mafia golpista que se ha apoderado de las instituciones con la complicidad» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y les ha acusado de no acatar las sentencias judiciales.

Preguntado por la ausencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la manifestación este domingo, la ha atribuido a «algún tipo de contradicción entre estar aquí y las políticas lingüísticas aplicadas en Galicia», aunque ha dicho que respeta las decisiones de los líderes políticos. Además, ha expresado su apoyo «a todos los catalanes que sufren y ven sus derechos más fundamentales pisoteados porque no tienen el derecho a que sus hijos sean escolarizados en su lengua materna».

El líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, se ha referido al incumplimiento de la sentencia del 25 % de castellano en las aulas catalanas como «una nueva ilegalidad del gobierno separatista, que ha secuestrado las instituciones y quiere imponer el fanatismo». Para él, es «una nueva embestida del separatismo, un ataque a todos los catalanes, un acto de expulsión, una vez más, del español en las aulas». Ha asegurado que el Govern lo hace «con la complicidad de Pedro Sánchez, que quiere pasar por encima de todos los derechos y libertades de los catalanes», y ha considerado que se trata de un pacto entre socialistas e independentistas.