Con esta norma será obligatoria la elaboración de atestado y su remisión de oficio a la autoridad judicial y, además, elimina que el juez pueda subjetivamente apreciar la inexistencia de delito y archivar las diligencias sin una mínima instrucción. Solo Vox ha votado en contra y el PP y PNV se han abstenido en la votación de esta norma que, en palabras del presidente de la Comisión de Justicia, el socialista Joan Lerma, trata de mejorar la situación de las víctimas afectadas por la reforma del Código Penal de 2015 del PP, que ha supuesto un incremento de los autos archivados y, por tanto, una reducción de la respuesta penal.
En lo sucesivo -ha precisado Lerma durante la presentación del dictamen- si el juez determina que hubo una imprudencia al volante y, como consecuencia de ella, se produjo una muerte o una lesión relevante, deberá ser calificada, como mínimo, de infracción menos grave y ser resuelta en vía penal. En el turno de portavoces, el también senador socialista Manuel Mirás Franqueira ha subrayado que la ley mejora la vida de las personas, sobre todo peatones y ciclistas, sienta la base para que las víctimas reciban un trato «más decente y justo» y evita que matar o dejar incapacitados en las carreteras salga gratis.
Su compañera de bancada Julia María Liberal ha asegurado que la reforma no es un capricho del PSOE sino un «clamor» de las víctimas, que serán reconocidas como tales y el fiscal velará para que el siniestro se investigue. En la defensa de las cinco enmiendas del PP, Francisco Martín Bernabé ha lamentado los «cinco noes» del grupo socialista pese a que se trata de mejoras técnicas para ayudar a las víctimas respetando el contenido «sustantivo» de la norma. En ellas, el grupo popular pedía establecer un procedimiento extrajudicial ágil y uno judicial rápido para atender los intereses de las víctimas, así como la reforma «antes de un año» del Código Penal para «eliminar incoherencias y desproporción en el tratamiento de las penas».
El senador popular Fernando de Rosa ha pedido no hablar de accidentes sino de conductas criminales utilizando vehículos a motor y ha criticado que el Gobierno no haya publicado todavía en el BOE la actualización del baremo, que debía entrar en vigor el 1 de enero, lo que está haciendo que se pierdan 90 millones de euros en indemnizaciones. Por ERC, Laura Castel ha recordado que casi el 40 % de las víctimas de tráfico son vulnerables, a las que se obliga a asumir los costes si quieren reclamar por vía civil, mientras que el grupo vasco no ha querido ser un obstáculo a la aprobación de la norma a pesar de su «análisis crítico», ha dicho el senador Imanol Landa. El portavoz de Vox José Manuel Marín ha lamentado las «insuficientes» o «inexistentes» condenas y ha advertido de que la iniciativa socialista va a rebajar las penas para los infractores. El resto de grupos han manifestado su apoyo a la norma.
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