Lesmes amenaza sobre el bloqueo del CGPJ con decisiones que no gustan

Así, ha pedido que el órgano de gobierno de los jueces sea «renovado en las próximas semanas» y que, en caso de que esto no ocurra, el Consejo «sea restituido en la plenitud de sus competencias». En el marco de su discurso --que ha enunciado ante el Rey Felipe VI, autoridades del Gobierno e instituciones del Estado y compañeros de la judicatura--, Lesmes se ha mostrado en contra de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que tuvo lugar el año pasado, aquella que quitó al Consejo la capacidad de hacer nombramientos estando en funciones. A su juicio, ha sido una iniciativa que ha resultado «frustrada» en sus propósitos, ya que «no ha conseguido la renovación del Consejo». Lo que sí ha provocado, ha dicho, es un «enorme debilitamiento» de la legítima función constitucional del CGPJ. «El estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la Justicia española en toda la historia de nuestra democracia, con unos efectos negativos que se van extendiendo poco a poco a toda la organización judicial», ha subrayado. Al hilo, ha recordado que este verano «sin recabar opinión alguna», «el legislador se ha visto obligado a rectificar parcial y apresuradamente su propio criterio» con una reforma que devuelve al CGPJ su capacidad de nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde, aunque ha reprochado que no se le permita hacer lo mismo con el Supremo.

Amenaza con acciones

Tras insistir a Sánchez y a Feijóo en la necesidad de renovar el CGPJ, Lesmes ha advertido que, de no ser atendido su llamamiento, «será preciso reflexionar» sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni quiere ni le gustan. «Este emplazamiento urgente se lo debemos a los jueces españoles que legítimamente esperan que quien les representa no permanezca impasible ante el deterioro de sus principales instituciones y, por extensión, de la Justicia entera», ha señalado. Así, ha dicho que «por respeto a la dignidad» del Supremo y del CGPJ «resultaría inadmisible mantenerse impávido en esta responsabilidad, ante esta situación insostenible e inaceptable».

Descarta una dimisión conjunta

Lesmes ha descartado la posibilidad de una «renuncia colectiva» de los vocales y del presidente del Consejo y ha reprochado a quienes insinúan que de no hacerse se estaría poniendo de manifiesto un comportamiento «poco responsable». «Nada más lejos de la realidad», ha añadido. «Aunque la renuncia individual puede resultar admisible, la renuncia colectiva no lo es, pues llevaría a la paralización total del Consejo con la imposibilidad material y jurídica de desarrollar su misión constitucional, así como aquellas otras funciones que la Ley Orgánica del Poder Judicial encomienda a sus órganos», ha señalado Lesmes sin precisar si se baraja su renuncia o la de algún otro miembro del CGPJ.

En este sentido, ha incidido en que una «renuncia colectiva» sería «irresponsable e inaceptable desde la perspectiva ciudadana y de la Carrera Judicial, pudiendo dar lugar además a responsabilidades de distinta naturaleza». A modo de ejemplo, ha preguntado qué pensarían los ciudadanos si todos los ministros de un gobierno en funciones decidieran abandonar sus cargos y dejar a España sin Gobierno. «Lo que resulta impensable para el Gobierno de la Nación también lo es para el órgano de gobierno de los jueces», ha zanjado.

Reforma del modelo de elección de los jueces

Aunque Lesmes ha insistido en la necesidad de renovar el CGPJ de forma inmediata, ha reconocido que «una vez cumplido ese deber» de renovación «será hora sin duda de abordar otros debates», en referencia a la forma de designación de los miembros del órgano de gobierno de los jueces. «Hay que admitir que este modelo se ha instalado en una crisis de difícil salida por la permanente falta de entendimiento de los grupos políticos mayoritarios y por no corresponderse además con los estándares europeos en materia de consejos judiciales», ha señalado. Así, ha explicado que el modelo actual «genera una percepción negativa» de «politización» y de «manejo interesado por los políticos», que compromete la apariencia de neutralidad y la confianza en la Justicia. «La reforma es por tanto ineludible y deberá abordarse con la mayor urgencia posible», ha dicho.