Con datos de 2019, la renta media de Níjar -de unos 31.00 habitantes- es de 7.097 euros, casi cuatro veces menos que la de Pozuelo de Alarcón (Madrid), que presenta la mayor con 26.367 euros. Mientras que la de Vícar -27.000 habitantes- es de 7.634 euros.
¿El motivo? Según los gobiernos locales y los sindicatos, la clave está en el régimen especial agrario y en la estacionalidad.
La alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez (PSOE), explica que la mayoría de los más de 33.000 habitantes de este pueblo pertenecen de una forma u otra al régimen agrario, que es el más bajo en nivel de renta.
Apunta que esto sucede tanto con los autónomos del campo como con sus empleados. Y lo hace extensivo a los pensionistas nijareños, ya que el grueso de ellos habría cotizado previamente en el citado régimen especial, "con lo cual, las pensiones son también las más bajas".
Uno de los grandes tesoros del municipio es el parque natural Cabo de Gata-Níjar, en el que se enclavan pedanías como San José, Rodalquilar o Aguamarga, que durante el verano son visitadas por miles de personas. Para la alcaldesa, ese es otro de los problemas: la estacionalidad.
"Tenemos un turismo estacional. Se trabaja durante tres o cuatro meses al año y el resto del tiempo se está en el paro", afirma. Como en el caso anterior, sostiene que esto afecta tanto a empresarios como a trabajadores.
"No tenemos funcionarios ni empresas que contraten a un nivel de personas importante dentro del régimen general. Nos dedicamos a la agricultura y a un turismo que es estacional. Si tuviésemos una masa de población funcionaria, igual esa renta se modificaría", apostilla.
Por eso, la "gran apuesta para salir de esta situación" es la puesta en marcha del puerto seco de Níjar, un nudo logístico intermodal incluido recientemente en el Plan de Infraestructuras de Movilidad y Transporte de la Junta de Andalucía, cuyas obras está previsto que comiencen en 2023, a partir de un nuevo marco de fondos europeos.
Para la secretaria general de UGT Almería, Carmen Vidal, la situación está clara: tanto Níjar como Vícar viven de "sectores que son más precarios y temporales".
Recuerda, por ejemplo, que el convenio colectivo del campo está "paralizado por las patronales" desde 2015, por lo que las únicas subidas salariales que se están aplicando son las del salario mínimo interprofesional.
Vidal añade que también "hay que luchar contra el fraude. No quiere decir que todo sea fraudulento, sino que se conoce y se sabe que puede haber situaciones irregulares".
Desataca que en Níjar hay una importante cantidad de asentamientos de inmigrantes, y "esto hay que controlarlo y las administraciones tienen responsabilidad a la hora de valorar cómo viven y en qué condiciones".
Níjar, con uno de los mayores términos municipales de España, cuenta con una zona muy turística en la que una plaza hotelera puede costar más de 200 euros por noche, algo que, para la dirigente sindical, "choca mucho con la renta más baja de toda España".
El problema, afirma, es que en Almería "no se consigue consolidar a la otra parte que vive de la agricultura, del manipulado, y no tenemos industria (…) Almería está por debajo del 3% de industrialización (…) y tiene los convenios colectivos de los más bajos de Andalucía".
Además, en el caso del turismo, coincide en la estacionalidad del mismo: "Tenemos que conseguir consolidar a la provincia turísticamente, también para mejorar la situación de los fijos discontinuos", precisa.
Una situación más lamentable, opina, al ver que "es una provincia que tiene salida turística y aporta muchísimo al PIB a nivel nacional con las exportaciones. Aportamos muchísimo al Estado, hay grandes empresas, y, sin embargo, eso no repercute en los trabajadores", lamenta.
Otra localidad andaluza, Linares (Jaén) -más de 55.000 habitantes- encabeza el ránking de los que más paro tienen en España, con un 30,9%, un puesto que lleva ocupando varios años, aunque ha bajado casi dos puntos con respecto al informe de 2021.
En este caso, las causas están más claras y se remontan a un año clave, 2011, cuando cerró la planta de automoción de Santana Motor, con la marcha de Suzuki, dejando a más de 2.500 trabajadores en la calle.
Desde entonces se han ido cerrando otras empresas, las más llamativas el centro comercial de El Corte Inglés y el local de Zara, en plena pandemia del coronavirus, lo que provocó que otras 300 personas perdieran su empleo.
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