Montero cifra en 104 millones el coste de las nuevas medidas

En este sentido, Montero se ha mostrado convencida de que la gran mayoría de los jóvenes y mujeres con discapacidad confiarán en sus padres y madres, familiares o amigas cuando den este paso, pero ha insistido en que la decisión será suya. Desde hace días se han ido conociendo algunas de las medidas incluidas en esta ley, incluso la propia ministra avanzó varias en sus comparecencias parlamentarias, de las que ha dado cuenta en la rueda de prensa del Consejo. Una ley, que según Montero, garantiza el derecho de la mujer «a decidir sobre su propio cuerpo» y que es «la puerta de entrada» a otros derechos, como al trabajo, a la participación política y permite que puedan vivir mejor y desarrollar sus proyectos de vida.

La norma, que será tramitada de urgencia, amplía la aprobada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y acaba con los «obstáculos» a los que se enfrentaban las mujeres que querían interrumpir su embarazo. Así, los hospitales tendrán que contar con personal para practicar abortos, de forma que la sanidad pública será «la red de referencia», y se crea un registro de objetores de conciencia como en la ley de eutanasia. Las mujeres podrán interrumpir su embarazo en el hospital más cercano a su domicilio. Se eliminan los tres días de reflexión que están contemplados en la norma vigente: «Las mujeres pueden reflexionar el tiempo que necesiten, y el Estado no duda de la decisión de las mujeres cuando esté tomada», ha asegurado Montero.

Pero la ley también reconoce, además de nuevos derechos reproductivos, otros sexuales y menstruales, de forma que incluye un permiso preparto a partir de la semana 39, y las bajas por reglas incapacitantes pagadas desde el primer día por la Seguridad Social. Preguntada por el coste de las medidas, Montero ha indicado que el permiso preparto costará 57 millones de euros; las bajas por menstruación incapacitante, 23,8 millones de euros; y la dispensa en institutos y centros penitenciarios de productos de anticonceptivos, unos 300.000 euros.

Montero ha opinado que con estas medidas la regla dejará de ser un tabú y que España se convierte así en el primer país de la UE en regular una incapacidad temporal vinculada a la salud menstrual, pagada íntegramente por el Estado. «Se acabó empastillarse antes de ir al trabajo y ocultar que tenemos un dolor que nos incapacita», ha abundado. La norma contempla también la gratuidad de la píldora del día después en los centros de salud, la financiación de los anticonceptivos de nueva generación y también la promoción de estos fármacos para los hombres.

La educación sexual estará presente de forma obligatoria en todas las etapas desde la primera infancia para que los menores conozcan mejor sus cuerpos, las relaciones estén basadas en los buenos tratos y en el consentimiento, pero también en prevenir enfermedades de transmisión sexual. De hecho, en los institutos se distribuirán métodos anticonceptivos de barrera y productos de higiene menstrual. También prestará especial atención la ley al climaterio y pondrá en marcha un teléfono de asesoramiento para facilitar información sobre los derechos sexuales y reproductivos.

La ley considera la gestación subrogada una forma de violencia contra las mujeres, de forma que se perseguirán a las agencias que promueven esta práctica, que es ilegal en España y prohíbe su publicidad, aunque no castigará a quienes acudan a estas empresas. Montero ha querido agradecer a los ministerio implicados en esta ley, como el de Sanidad, Inclusión, Hacienda y Educación; ha valorado el trabajo realizado por la primera ministra de Igualdad en España, Bibiana Aído, que impulsó la ley de 2010 con un amplio consenso, y también ha tenido palabras de reconocimiento para el movimiento feminista.